La secretaria general de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Dolores Muñoz, ha subrayado “los esfuerzos” que realiza la Junta en formación e información para garantizar los derechos de la ciudadanía. Asimismo, ha asegurado que la Junta “seguirá desarrollando y profundizando” en la elaboración de normas y medidas que garanticen una mejor defensa de los intereses de la ciudadanía, así como una “protección especial frente a los abusos y ataques de los más poderosos como la banca, las grandes empresas de telefonía y de otros servicios esenciales como la luz y el agua”.
Éste y otros asuntos relacionados con la Administración de Consumo han sido tratados en sendos encuentros de trabajo que ha mantenido Muñoz con los respectivos alcaldes de Zalamea la Real, Marcos Toti, y de Nerva, Domingo Domínguez, además de otros representantes de ambas corporaciones municipales onubenses.
Muñoz ha trasladado a los primeros ediles el trabajo que viene realizando su departamento con el fin de reforzar las garantías de las personas consumidoras y usuarias, así como prestarles una mejor asistencia en sus reivindicaciones. En este sentido, ha remarcado la fuerza del poder reivindicativo de la ciudadanía, que “sirve a la administración competente para hacerlo suyo” y de este modo “exigir y reclamar mayor implicación a los poderes públicos para que legislen a favor de las garantías, los derechos y el resarcimiento de los daños causados”.
Para ello, ha explicado que es “esencial que la ciudadanía esté bien informada y formada”, refiriéndose en este sentido a Consumo Responde, un servicio de la Junta multicanal, abierto y compartido, que facilita información, ayuda, formación y participación a las personas consumidoras, empresas, asociaciones de consumidores y entidades locales de toda Andalucía
Muñoz ha informado también de los avances que se están produciendo en el marco complementario al Decreto de la Función Social de la Vivienda, destacando el anteproyecto de ley de protección en la contratación hipotecaria para la vivienda, que va a garantizar que las entidades financieras actúen con total transparencia. Además, la futura norma permitirá “acabar con el desequilibrio entre banca y ciudadanía y blindar los derechos de las personas consumidoras en la operación más importante de su vida”, entre otras cosas.
Ha recordado también que tanto la banca como las empresas de telefonía son los sectores que más reclamaciones acumulan, lo que ha motivado en el último año la resolución de expedientes sancionadores a Caixabank por la comercialización “irregular” de participaciones preferentes y a Telefónica.
Para acabar con estas situaciones de “abusos”, la Secretaría General de Consumo desarrolla a través de sus servicios provinciales una “intensa labor inspectora y sancionadora”, además de potenciar la mediación y el arbitraje para resolver de una forma rápida y ágil los conflictos sin necesidad de recurrir a la vía judicial, ha informado su máxima responsable.
