Representantes del PSOE e IULV-CA en la provincia de Huelva han alzado la voz este jueves contra la Ley de Reforma de la Administración Local del Gobierno de la Nación, que pretende, a su juicio, «esa dualidad, de diferenciar entre ricos y pobres y hacer ciudadanos de primera y de segunda, y eso no lo vamos a consentir».
En declaraciones a los periodistas a las puertas de la Diputación Provincial de Huelva, tanto el secretario general del PSOE, Ignacio Caraballo, como el coordinador provincial de IULV-CA, Pedro Jiménez, en representación de los municipios de la provincia gobernados por ambas formaciones, se han mostrado en contra del proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que se votará en el Pleno del Senado previsiblemente el 16 de diciembre y luego se aprobará definitivamente en el Congreso.
Al respecto, Caraballo ha hecho hincapié en que esta reforma local supone «un ataque frontal a todos los pueblos, principalmente a los menores de 20.000 habitantes y en Huelva hay 59 municipios menores de 5.000», y considera que esta ley «es contraria a la democracia de estas localidades y del poder del voto de sus ciudadanos».
Por ello, aboga por una reunión de la subcomisión de las diputaciones en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que es donde, a su juicio, «hay que discutir y dialogar este proyecto porque están representados responsables municipales», indicando además que «desde esta mesa tiene que salir una ley mucho más consecuente, sin atacar a los más débiles», refiriéndose a los municipios pequeños.
En este sentido, ha remarcado que «hay un posicionamiento claro en contra de esta reforma brutal del PP» y cree que esta ley «tiene que nacer desde el consenso» y para ello «el PP tiene que sentarse y dialogar con el fin de obtener una ley más válida, consensuada y que sirva para todos».
En caso de que se apruebe definitivamente, el PSOE, según ha explicado Caraballo, va a presentar un recurso contra la misma porque «atenta contra todos los ayuntamientos, los servicios que prestan y contra las personas» y ha añadido que van a seguir movilizándose porque «todas las iniciativas son pocas».
IU: CONTRA LA «IMPOSICIÓN»
Por su parte, el coordinador provincial de IULV-CA, Pedro Jiménez, ha indicado que «la imposición» de esta ley supone «un ataque a la democracia porque rompe el modelo de Estado tocando a la administración más cercana a los ciudadanos, a los servicios públicos y al empleo». En este punto, ha remarcado que con esta ley el Gobierno «tratará a la sociedad de manera diferente, como ciudadanos de primera, que son los que vivan en grandes ciudades, y de segunda, que son los que viven en los pueblos pequeños».
Jiménez asegura que «la teórica propuesta» del PP de poner en marcha esta ley para salvar la situación económica de los entes municipales «no es real, ya que la mayor parte de la deuda de los ayuntamientos recae en dos, concretamente en el de Madrid y Barcelona», indicando además que «la mayoría de los pequeños ayuntamientos sólo soportan el cuatro por ciento del total de la deuda municipal».
Por todo ello, ha animado a todos los representantes políticos y ciudadanos que continúen con las movilizaciones y acciones porque «todo lo que se hace sirve de algo y no podemos caer en el desaliento», recordando el encierro que protagonizaron responsables de IU en la Diputación el pasado mes de octubre, no obstante ha lamentado «la insensibilidad manifiesta por parte del PP».
