Los empeños baldíos sólo producen frustración e irritación social. Sabiendo que el gobierno del Estado y que el Congreso no pueden aprobar una consulta del carácter querido por la Generalitat de Cataluña y los partidos secesionistas, Mas brinda a su pueblo una fecha para un referéndum imposible y las preguntas correspondientes para separar a Cataluña del Estado español. La Constitución española, ampliamente apoyada en Cataluña en su momento, no ofrece posibilidades a esa consulta ni la mayoría de los grupos en el parlamento de Madrid están dispuestos a apoyarla, por lo que todo quedará en nada, en otro pretendido desagravio, frustración, como queda dicho e agitación social contra el poder central. Todo porque las formaciones participantes en la obstinación se han empeñado en llevar a un país como Cataluña a la ilusión de que una Cataluña independiente es posible dentro de la UE y de la OTAN y con mayor prosperidad que con España.
Cataluña ha intentado ser soberana en varias ocasiones a lo largo de la historia. Esto demuestra que hay una base social que desde luego no se siente cómoda en la situación que ha tenido dentro del Estado español en diferentes momentos históricos; hoy tampoco. Cataluña está incómoda en el Estado y para evitarlo habrá que buscar la fórmula que haga posible el encaje. Lo que no se puede hacer es mentir e inventar una historia que nuca fue y lo digo por un lado y por el otro, porque bueno será reconocer la afrenta tremenda que la dinastía Borbón realizó al principado hará el año que viene tres siglos. La verdad es fundamental y a partir de la verosimilitud histórica, de la realidad presente y de las aspiraciones de la sociedad catalana, es necesario llegar al acuerdo para dejar que los catalanes sean catalanes con todas las consecuencias dentro de un Estado necesariamente asimétrico.
El Estado no puede volver a jugar a la homogeneidad ya que dentro de una estructura federal no todas las CCAA podrían asumir las mismas competencias porque tan siquiera tienen un PIB que les permita desarrollarlas. Y eso tampoco se debe considerar agravio; entre otras cosas, la mayoría de los territorios de España no sienten la necesidad de un reconocimiento político tan peculiar y preciso como Cataluña o las Vascongadas. Incluso entre las comunidades que accedieron a la autonomía por el artículo 151 de la Constitución, -Galicia y Andalucía por ejemplo-, no tiene por qué existir el mismo rango de autogobierno puesto que ni Andalucía ni Galicia tienen una sociedad que lo reclamen, al menos en este momento. Por ello no habría de existir el temor al uso de la libertad en el sentido de dejar a cada cual ser lo que quiera ser, pero tampoco se debe caer en la trampa de los imposibles ni de las informaciones demagógicas, como hacen la Generalitat y los partidos afines a la independencia.
La Constitución debe cambiar -mi deseo sería el de un proceso constituyente que llevase a un nuevo texto fundamental-; pero mientras eso no sea posible, al menos debe ser reformada para dar cabida a las ansias de mayor reconocimiento por parte de las comunidades que así lo plantean. La ruptura sería dramática e inconveniente para todos y por ello no se pueden seguir manteniendo posiciones maximalistas desde las partes. La llamada tercera vía debería abrirse paso con el consenso suficiente para que todo el mundo quede suficientemente satisfecho y se superen las tensiones que padece el Estado por mor del órdago independentista, porque de no ser así, sólo quedaría el camino de la aplicación de los resortes constitucionales que llevarían a Cataluña a una muy difícil situación y a un posible estallido social.