La coordinadora local de Izquierda Unida en Cartaya, Pepa Beiras, ha denunciado hoy en rueda de prensa que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cartaya, compuesto por ICAR, PP y PA, ha decidido que los plenos ordinarios pasen de celebrarse en vez de los viernes por la tarde, a ese mismo día por la mañana “para castigar a la ciudadanía de nuestro pueblo y alejarlas de los temas que se deciden en los plenos, porque consideran que el público asistente no se porta bien en los mismos”.
Beiras denuncia que “lo que pretende el equipo de gobierno cartayero con esta decisión es impedir que la gente de Cartaya pueda asistir a los plenos y no tener que enfrentarse con las protestas pacíficas que se llevan a cabo en los mismos por las decisiones que está tomando y que además de perjudicar al pueblo, van en contra de lo que llevaba al propio alcalde, Juan Polo (ICAR) en su programa electoral donde prometió más participación ciudadana y garantizar la gestión pública del agua”.
Beiras recuerda que en el pleno celebrado el pasado mes de noviembre, el equipo de gobierno acordó conceder la gestión del agua y la recogida de basuras a la empresa privada Aqualia por veinte años “a pesar de que la plataforma Cartaya Pública había recogido unas 4.500 firmas contra ello y para pedir un referendum ciudadano sobre esta decisión”.
Beiras añade que “con este cambio de hora el equipo de gobierno se aleja peligrosamente de la gente de Cartaya, que tendrá más dificultades para poder asistir a las sesiones plenarias, y así no tener que escuchar a los propios vecinos que tienen derecho a protestar pacíficamente ante un gobierno local que está tomando medidas con las que le da la espalda a la población y a que se les escuche en el propio pleno”.
Por su parte, el responsable provincial de Organización de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez, ha destacado que medidas como ésta demuestran “los graves retrocesos en participación ciudadana que se están produciendo en los ayuntamientos donde gobiernan el PP y los indepependientes que practican una política que está generando una fractura entra la población y las instituciones que afectan a los derechos a estar informados y participar en las decisiones municipales que en Izquierda Unida reivindicamos”.
