El viceconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, José Luís Pérez Tapias, y el delegado del Gobierno en Huelva, José Fiscal, han presentado hoy a los miembros de las corporaciones municipales onubenses el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía que asigna a los consistorios un papel relevante, estableciendo fórmulas de cooperación entre administraciones.
La futura norma estipula que las Entidades Locales de Andalucía colaborarán con la Junta para que el ejercicio de sus competencias redunde en la ejecución de lo dispuesto en la Ley y en la consecución de los objetivos de la misma, estableciendo también que cuando se produzca un incumplimiento, se concederá un plazo de un mes para subsanarlo antes de proceder a la aplicación de las medidas necesarias para la ejecución de la ley.
Algunos de los ejemplos de esta colaboración entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos pasa por la elaboración de mapas de las áreas en las que puedan localizarse restos de víctimas desaparecidas, el mantenimiento y conservación de los terrenos o inmuebles inscritos como Lugares de la Memoria Democrática o la retirada o eliminación de símbolos franquistas. A aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que sean sancionadas con arreglo a la Ley, la Junta de Andalucía les podrá retirar las subvenciones o ayudas públicas.
Pérez Tapias y Fiscal, que han estado acompañados por el representante de la Oficina de la Vicepresidencia en Huelva, Antonio Marín, han coincidido en la importancia de que los ayuntamientos de la provincia tengan un conocimiento exacto y fiel de la Ley ya que la norma establece la cooperación de los gobiernos locales en su correcto desarrollo y aplicación.
El viceconsejero andaluz ha recordado que la futura Ley de Memoria Democrática “es necesaria, oportuna y acorde con los Derechos Humanos”, además de que dota a la Junta de Andalucía de “herramientas que permiten la expropiación temporal del uso de los terrenos en los que haya fosas comunes si su propietario no lo permite”, así como definir los plazos y sanciones si las instituciones o particulares no cumplen la Ley.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Huelva ha recordado que esta nueva norma es “un compromiso de Gobierno que responde, además, al anhelo de justicia, verdad y reparación de decenas de miles de andaluces que demandaban que se avanzase en el camino allanado por la Ley de Memoria Histórica estatal”.
