El vicesecretario general del PSOE de Huelva, Antonio Rodríguez Castillo, ha pedido al Gobierno del PP conocer cómo quedaría el mapa judicial de Huelva tras la reforma de la Justicia que contempla la modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Según explicó el alcalde de Ayamonte, municipio afectado por esta medida, “el objetivo de Gallardón es masacrar cinco de los seis partidos judiciales de la provincia y centralizarlo todo en la capital”. Así se recoge en la propuesta publicada en la web del Ministerio de Justicia a finales del pasado año.
La eliminación que propone el PP de los partidos judiciales de Aracena, Ayamonte, La Palma, Moguer y Valverde, supone echar el cierre a los 14 juzgados de estas sedes judiciales, lo cual afectará a 71 municipios de los 79 que componen la provincia. Rodríguez Castillo señaló que “aunque es posible que pueda haber alguna sección dependiente de la sede central en un municipio, aún lo desconocemos”. Por lo tanto, “300.000 onubenses van a verse afectados por esta decisión del Partido Popular que solo quiere ahorrar a costa de los derechos y servicios de las personas”. También se propone la eliminación de la Audiencia Provincial y de los juzgados de paz, lo que supone, “un desmantelamiento del sistema en toda regla”.
“Estamos hablando de una reforma que se suma al encarecimiento de las tasas judiciales y que forman parte de la estrategia del PP de hacer una justicia a la que solo tengan acceso los ciudadanos que puedan permitírselo económicamente”, subrayó. Y es que, “con el incremento de las tasas unido al alejamiento de los juzgados y el mayor gasto en transporte que eso conlleva se pretende privar a la ciudadanía del acceso a la justicia, un derecho básico en nuestro país”.
Asimismo, el dirigente del PSOE criticó “la falta de información sobre esta reforma retrógrada anunciada por el ministro Gallardón”. “Me preocupa el oscurantismo y, por tanto, estaremos ojo avizor y oponiéndonos radicalmente a la desaparición de los partidos judiciales y al alejamiento de la justicia a los ciudadanos”. “Con esta ley –remarcó- una mujer víctima de la violencia de género tendría que hacer 80 ó 100 kilómetros para ratificar su denuncia”, apostilló.
