La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha recordado este miércoles que la Junta de Andalucía ostenta las competencias medioambientales en la comunidad autónoma y que, por tanto, es la Junta de Andalucía «la que debe hacer cumplir la sentencia judicial que obliga a restaurar la zona de marismas onubenses en que se depositaron los residuos de fosfoyesos y aplicar, en su caso, las sanciones pertinentes».

En un comunicado, Crespo ha pedido a la Junta de Andalucía que «no intente eludir sus responsabilidades y actúe decididamente» para dar curso completo a un proceso judicial que se remonta al año 2007 y que ya ha sido objeto de sentencia, al tiempo que ha ofrecido al Gobierno andaluz «la máxima colaboración» para que acelere la aprobación del proyecto de retirada de los vertidos y la recuperación ambiental de las marismas en el área afectada, «dentro de la política de mano tendida que el Gobierno de España siempre ha tenido hacia Andalucía».

Crespo se ha mostrado convencida de que «habrá recuperación medioambiental» de la zona y ha asegurado que el Gobierno de España «velará para que así sea», sin menoscabo de la responsabilidad que, «en primer término, tiene la administración autonómica, que es la competente en la materia».

En este sentido, ha recordado que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, se interesará personalmente por la situación del proyecto de restauración que debe aprobar la Junta de Andalucía durante la visita que realizará a Huelva el próximo viernes.

Crespo ha defendido la política medioambiental del Ministerio de Agricultura en Huelva desde el comienzo de la legislatura, tanto bajo la responsabilidad del exministro Miguel Arias Cañete como en lo que respecta a la actual titular del Departamento, Isabel García Tejerina.

En este sentido, ha citado como ejemplos de gestión la aprobación del Plan Hidrológico del Guadalquivir, uno de cuyos ejes es la sostenibilidad medioambiental de Parque de Doñana; los proyectos de trasvase de agua para regadíos que evitan que se esquilme el acuífero del Parque Nacional y una Ley de Costas «que concilia crecimiento con preservación del medioambiente», entre otros, ha concluido.