El vicepresidente del Congreso de los Diputados y presidente del PSOE de Huelva, Javier Barrero, ha alertado este sábado de la «privatización» por parte del Gobierno central de los seis registros civiles que hay en la provincia onubense.
En declaraciones a Europa Press, el socialista ha explicado que «las intenciones del PP es que los servicios de los registros civiles sean realizados por los registradores de la propiedad y no por trabajadores públicos tal y como se hace en estos momentos».
En este sentido, Barrero se ha opuesto a esta medida «porque no conlleva ahorro alguno y abre las puertas en un futuro a que un servicio gratuito actualmente, pase a ser de pago».
A su juicio, «hablamos de tener que pagar por realizar cualquiera de los trámites habituales que se efectúan en estas instituciones como todo lo relacionado con partidas de nacimiento, defunción o bodas». Además, «se pone en riesgo la intimidad de los ciudadanos, ya que son datos de carácter muy personal que va a manejar una empresa privada», ha añadido.
En esta línea, el también presidente del PSOE de Huelva ha resaltado que «los trabajadores que se encargan de gestionar los registros civiles pasarían a los juzgados y, por tanto, tendrían que empezar de cero con la consiguiente pérdida de derechos adquiridos durante años y recogidos en convenios laborales como la promoción interna de su puesto de trabajo
Para Javier Barrero, llama la atención que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que es registrador de la propiedad, «vaya a dejar millones de ‘clientes’ en manos de sus compañeros de profesión, lo que parece un negocio en toda regla, promovido por intereses personales». Y es que, «se estima que entre los 800 registradores del país se mueva un volumen de dinero muy importante», ha agregado.
Por tanto, Barrero ha reclamado al Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que «las posibles modificaciones que pueda sufrir vayan precedidas del diálogo y el consenso con partidos políticos, agentes sociales y profesionales del sector».
En definitiva, «esta medida se sumaría a la subida de las tasas judiciales o la eliminación de juzgados, que lo único que consigue es privar al ciudadano de su legítimo derecho a la justicia», ha concluido.
