El Ayuntamiento de Aracena, a través de su ente instrumental con competencia en materia de vivienda, ha firmado ya el convenio de colaboración que le permite acogerse a la línea de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad, impulsada en julio por la Consejería de Fomento y Vivienda con una dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros. La responsable del departamento, Elena Cortés, ha informado este jueves en comparecencia parlamentaria de que la nueva convocatoria suma ya el respaldo de 19 municipios repartidos en las provincias de Córdoba, Cádiz, Sevilla, Málaga y Huelva, provincia en la que ya se había adherido a la iniciativa la localidad de Ayamonte.
La consejera de Fomento y Vivienda ha explicado que esta nueva línea de ayudas pretende “garantizar el derecho a la vivienda de la población con menos ingresos mediante alquileres asequibles”, estableciendo como requisito que las administraciones con competencia en materia de vivienda se conviertan en agentes colaboradores de la Junta mediante la firma del correspondiente acuerdo y puedan así gestionar estas subvenciones para las personas con necesidad habitacional.
De este modo, según ha trasladado Cortés, una vez obtenida la condición de entidad colaboradora, estas administraciones tienen de plazo hasta el próximo 1 de octubre para solicitar las ayudas, orientadas a atender a familias en situación de especial vulnerabilidad con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) -unos 11.200 euros netos-, que tienen dificulta-des para el abono del arrendamiento. “Con esta subvención se garanti-zará que el esfuerzo económico de los inquilinos para pagar las rentas no supere el 25% de sus ingresos familiares, cumpliendo así lo establecido por la normativa andaluza en materia de vivienda”, ha manifestado la consejera.
Además de este requisito económico, los receptores deberán dispo-ner de un informe, emitido por los servicios sociales que correspondan, donde se refleje la situación de especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos, así como otras especiales circunstancias que deban tenerse en cuenta. Asimismo, Cortés ha detallado que los miembros de la unidad familiar no podrán disponer de la titularidad o un derecho real de uso sobre ninguna otra vivienda ni tener relación de parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora del inmueble, que tampoco podrá ser su socio o partícipe.
La subvención solicitada deberá contribuir al pago de las mensualidades correspondientes al año 2014, incluso en el caso de los contratos de arrendamiento ya existentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta convocatoria, tal y como ha detallado la consejera de Fomento y Vivienda.
Fondos autonómicos para atender la realidad de Andalucía
Elena Cortés ha destacado igualmente que el nuevo programa está financiado con fondos autonómicos y se crea “ante la demora del Gobierno central para firmar el convenio de colaboración que implica el desarrollo del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbana 2013-2016, que permitiría disponer en la comunidad de fondos estatales para el fomento del alquiler”. Con independencia de otras líneas de ayudas al alquiler que se pongan en marcha a partir de la rúbrica de dicho convenio, la Consejería que dirige Elena Cortés ha desarrollado esta convocatoria con el fin de atender a las familias con limitados recursos, a quienes se garantiza el derecho humano a una vivienda digna a través del alquiler asequible. En Andalucía, el 95% de las personas demandantes de vivienda tienen ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM -unos 18.600 euros netos- y el 60%, inferiores a una vez el IPREM -no más de 7.450 euros-, lo que constata las eleva-das dificultades, por tanto, para el acceso al mercado libre del alquiler.
Según ha abundado la responsable de Fomento y Vivienda, este programa de subvenciones contribuye a combatir el stock de viviendas protegidas que aún se encuentran vacías en la comunidad autónoma, ya que permite a las entidades públicas que mantienen viviendas cerradas sacarlas al mercado en alquiler social, en tanto que es la Junta de Andalucía, a través de estas ayudas, la que completaría la diferencia entre la renta estipulada y lo que el inquilino en situación de especial vulnerabilidad puede pagar. Igualmente, con esta medida se busca erradicar los desahucios en parques públicos de Andalucía pertenecientes a ayuntamientos o entes instrumentales por motivos de impago de alquiler, ya que las subvenciones van destinadas a ayudar a sufragar esas rentas a quienes no pueden afrontarlas.
Entidades colaboradoras
Las administraciones públicas, los entes instrumentales dependientes de ellas y las personas jurídicas públicas con competencias en materia de vivienda, así como las entidades inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía que cuenten con declaración de utilidad pública podrán funcionar como entidades colaboradoras, siempre que tengan una bolsa de viviendas en alquiler de gestión propia destinadas a familias en situación de especial vulnerabilidad. Igualmente, deberán contar con los medios informáticos necesarios para la tramitación de estas ayudas a través del Registro Telemático Único de la Junta.
Serán dichas entidades colaboradoras las que informen sobre el cumplimiento de los requisitos de las personas solicitantes y presenten en su nombre la petición de ayudas, previa puntuación de sus condiciones y las de su unidad familiar a través de los medios y formularios facilitados por la Consejería de Fomento y Vivienda. Una vez obtenida la resolución de ayuda, las entidades colaboradoras descontarán el importe de la renta mensual y, en su caso, el resto de la cantidad correspondiente para que el importe que efectivamente la persona destinataria de la ayuda no supere el 25% de sus ingresos.
