El Comité de Empresa de ENCE Huelva ha planificado una semana reivindicativa para recabar el apoyo de las distintas administraciones y de la ciudadanía onubense y así poder evitar “el cierre unilateral de la planta de Huelva que provocará el despido o la movilidad geográfica de los casi 300 trabajadores y trabajadoras, que suponen el 100 por 100 de la plantilla, además de un fuerte impacto en la economía de toda la provincia, que se puede calcular en más de 2.000 familias que dependen del empleo que genera directamente la fábrica”.
Así, los representantes de los trabajadores se reunirán el martes 9 a las 11:00 de la mañana con el Alcalde de Huelva; el miércoles 10 de septiembre a la 13:00 h con representantes de la Subdelegación del Gobierno, y el jueves 11, como colofón a una marcha que partirá de la fábrica a las 18:00 horas, mantendrán una reunión con el Alcalde de San Juan del Puerto.
En paralelo a esta ronda de contactos con distintas administraciones, el Comité de Empresa ha convocado concentraciones y movilizaciones durante toda la semana. El martes 9 de septiembre se ha convocado una concentración informativa a las puertas de la fábrica a las 14:30 horas. El miércoles 10 de septiembre, las movilizaciones se trasladan a Huelva con una concentración frente a las puertas del Ayuntamiento de la capital a las 09:30 horas.
El jueves 11 de septiembre, los trabajadores y trabajadoras protagonizarán una marcha desde la fábrica hasta la localidad de San Juan del Puerto; mientras que el viernes 12 de septiembre se volverán a concentrar a las 14:30 horas a las puertas de la fábrica.
Con este intenso calendario, el Comité de Empresa se plantea como objetivo recabar el mayor número de apoyos, tanto a nivel de administraciones, como de la ciudadanía onubense, ante “la catástrofe que puede suponer para Huelva el cierre de esta planta”. “El efecto que el cierre puede tener para la provincia puede ser devastador, como lo es para toda la plantilla”, han afirmado.
Finalmente, los representantes de los trabajadores han expresado su convencimiento de que “esta situación tiene arreglo, siempre y cuando pongan de su parte tanto el Gobierno Central, como la Junta de Andalucía y los distintos ayuntamientos, uno revisando la reforma eléctrica, en el caso del Ejecutivo Central, y los otros, con la cesión de terrenos para abaratar el coste de la madera”.