El Ministerio Fiscal se ha adherido de nuevo a la petición de sobreseimiento provisional formulada por algunos de los implicados en el caso de la compra del campo de golf de Matalascañas, en Almonte, contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Palma del Condado, encargado de la causa, que finalmente ratificó los indicios de delito por presunta prevaricación y fraude en la contratación pública por parte del exalcalde socialista de Almonte Francisco Bella y de los concejales de su equipo de gobierno, y de antiguos socios del espacio.
Según reza en el escrito judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal sostiene que los concejales no cometieron el delito de prevaricación, ya que «sólo queda acreditado que los recurrentes actuaron atendiendo a los informes del secretario y del interventor del Ayuntamiento, los cuales no plantearon objeción alguna ni tacha de legalidad a lo actuado, de forma que ello impide apreciar que el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 8 de abril de 2009 pueda ser tildado de arbitrario», a lo que añade que «no se aprecia una connivencia entre los concejales y los socios de la empresa».
De igual modo, vuelve a rechazar que los hechos puedan ser constitutivos de delito de fraude en la contratación pública y argumenta que el informe pericial que estudia la comparación del valor de la fincas permutadas en la aldea de El Rocío y el pago en metálico por el campo de golf, que es «muy superior» al de la empresa Exclusivas Doñana, «no ha sido sometido a contradicción y es criticado por los recurrentes al entender que no tiene soporte técnico adecuado».
Entre otras cuestiones, la Fiscalía entiende además que el hecho de que el secretario y el interventor del Ayuntamiento presentasen informes favorables suponen elementos que «eximen» a los ediles implicados de que pudieran haberse tomado decisiones al respecto.
Por último, el fiscal ha puntualizado en su escrito que entre los concejales y los propietarios «no ha habido connivencia dado que incluso salieron perdiendo en la operación al haberse sobrevalorado las fincas que fueron permutadas».
Cabe recodar que el pasado mes de marzo el fiscal emitió su primera petición de sobreseimiento de este caso y que en ese mismo mes el juez desestimó hasta cuatro recursos presentados por algunos implicados en esta causa contra el auto de procesamiento dictado en septiembre de 2013. Así, consideró «suficientes los indicios que existen por el momento» y anunció que continuaría con las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado.
En el citado auto judicial de septiembre, el juez descartó la malversación de fondos públicos, no obstante por la posible comisión de los otros dos delitos el juzgado ordenó la continuación de la tramitación de las presentes diligencias. A su vez, descartó la declaración como imputados del secretario e interventor del Ayuntamiento almonteño al considerar que su actuación «fue meramente accesoria».
INVESTIGACIONES JUDICIALES
De las investigaciones realizadas, el juez asegura que se puede llegar a la conclusión de que los imputados por prevaricación –exalcalde y concejales– «se habrían valido de su condición para adoptar una decisión arbitraria, es decir adquirir para el Consistorio municipal una empresa deficitaria entregando a cambio bienes inmuebles y una cantidad dineraria que superaba los dos tercios el valor real de la entidad, sin seguir la tramitación prevista por la legislación». A su vez, señala que esta actuación «le habría generado al resto de imputados un beneficio económico, resultando perjudicado el Ayuntamiento».
Sin embargo, el fiscal considera que «no se aprecia el elemento subjetivo de actuar con la intención de perjudicar al Ayuntamiento», por lo que no ve ni prevaricación ni fraude de contratación en los hechos.
El caso arrancó en abril de 2012 cuando el juzgado admitió a trámite la denuncia que interpuso a principios de marzo el Ayuntamiento de Almonte, gobernado por el PP, contra el anterior equipo de gobierno por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación por la compra en el año 2009 del campo de golf de Matalascañas por 7,5 millones de euros, «a pesar de que el valor real de las instalaciones deportivas no superaba los tres millones», según alegó el propio Consistorio.
El Ayuntamiento presentó esta denuncia en relación al acuerdo de pleno de 8 de abril de 2009, de permuta de parcelas y adquisición de participaciones sociales de Exclusivas Doñana S.L., adoptados «al margen del procedimiento legalmente establecido y en cumplimiento del protocolo suscrito en noviembre de 2008 con el Ayuntamiento de Almonte», según informó el propio Ayuntamiento almonteño.
