Los Mas-Junqueres amenazan con una fórmula inesperada: convocar elecciones para noviembre y colocar urnas para la independencia. La receta se las trae porque, en definitiva, los independentistas cumplirían con su promesa y el Estado tendría serias dificultades para impedir el referéndum. Como ilegal que sería, Artur Mas podría ser procesado por desobediencia y cohecho, pero éso encendería aún más el ánimo de los soberanistas y también de quienes no lo son. Lo cierto es que nos estamos enfrentando con una legalidad que choca frontalmente con el deseo de una parte importante de la sociedad catalana. Las leyes no pueden servir para estigmatizar ni reprimir a los individuos ni a los pueblos Ahí la dificultad de revestir de razón tanto a los poderes centrales como a los de la Generalidad de Cataluña.

Cuando el legislador, tras el franquismo, hubo de afrontar la situación de los territorios del Estado, no tuvo más remedio que ser ambiguo y reconocer el derecho a la autonomía de los pueblos y nacionalidades de España. El café para todos trajo como consecuencia el hecho diferencial catalán, según el cual ninguna comunidad autónoma podía igual –imagínense superar-, las competencias del principado. Tanto los gobiernos del PSOE como los del PP han venido cayendo en ese hoyo sin fondo que era el hecho diferencial y así se ha permitido que ni leyes, sentencias u otras ordenanzas se hayan respetado en Cataluña. Si se podía llegar a eso, ¿por qué no al punto final de la independencia?
Si bien digo al principio que no se puede legislar contra la gente ni contra los pueblos –por mucho que algunos defiendan unos principios entre ideológicos, filosóficos o legalista de a quiénes asiste el derecho-, también reconozco que la legalidad actual, mientras sea la que es, debe ser cumplida. Por eso, el derecho a decidir, visto desde una perspectiva democrática, es impecable; lo central es sobre qué se decide y cuántos matices puede haber en esa decisión. No es lo mismo contestar a las dos preguntas impuestas por los nacionalistas catalanas que hacerlo sobre diferentes situaciones administrativas, desde la autonomía actual o menos, hasta la independencia pasando por la federación, la confederación o solo por el pacto fiscal. Imagínense. La consulta tal como está propuesta es sencillamente un pronunciamiento de autodeterminación en toda regla que, es verdad, no está recogido en las leyes del Estado español porque “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, …” (C.E, Art. 2) A partir de ahí, desde el punto de vista del reglamento básico del Estado, nada en posible en cuanto a derechos de secesión. Ni Rajoy ni Mas han estado dispuestos a discutir éstos y otros asuntos porque ninguno tiene esa capacidad de negociación ya que los máximos de ambos son irreconciliables. Además, mientras Rajoy se ha encerrados en sus posiciones numantinas, Mas y el más ladino Junqueras, han hecho tanta propaganda entre los catalanes a favor de sus tesis, que difícilmente se podría hoy convencer a los ciudadanos de algo distinto a la consulta y posterior consecución de estado propio. También es verdad que podría suceder como en Escocia, pero para ello habría sido necesaria una contraofensiva en la que el gobierno nunca ha deseado entrar.
Creo que llegados al punto en el que se encuentra el proceso, aprobada la ley de consultas y llevada a cabo la convocatoria del referéndum, pocas posibilidades quedan que no sea la aplicación del artículo 155 de la Constitución –artículo que supongo ya desarrollado por el gobierno para su rápido trámite en el congreso e inmediata aplicación-. Me parece que solo la suspensión de la autonomía podría provocar negociaciones que lleven a alguna parte porque ante una realidad de pérdida de autogobierno, no podría haber otra posibilidad que la negociación del marco jurídico permanente para Cataluña y éste, ya sabemos, nunca sería la independencia.