Los empleados públicos del Ayuntamiento de Ayamonte han vuelto a manifestarse en la mañana de este sábado por algunas de las principales calles del municipio fronterizo para reivindicar nuevamente el abono de sus salarios.
Y es que al impago de la paga extraordinaria, que debería haberse liquidado el pasado mes de junio, se suma ahora el 30% de la nómina de agosto después de que el pasado 26 de septiembre el consistorio sólo les pagara el 70%. El sindicato CSIF, convocante de la manifestación, asegura en este sentido que “lo más preocupante es que la situación se va agravando pues, a día de hoy, los trabajadores del Ayuntamiento tampoco han percibido el sueldo del mes de septiembre y, según les consta, el alcalde Antonio Castillo tampoco ha dado orden a los servicios económicos para su abono pese a que los salarios han de ser abonados antes del día 5 del mes siguiente”.
“No se trata sólo de meros retrasos en la remuneración de las nóminas, que ya viene padeciendo la plantilla desde hace tiempo, sino que se trata de una situación de impago -mucho más preocupante- inasumible para muchas de las familias de los trabajadores que tienen que hacer frente a gastos ineludibles como la hipoteca y otros de primera necesidad”, explican desde la Central Sindical.
Desde la organización se recuerda además que el máximo responsable municipal incumple de forma sistemática el derecho básico de los trabajadores a percibir de forma puntual sus salarios y que ello “está incidiendo negativamente en las familias de los empleados públicos”, por lo que las movilizaciones continuarán el tiempo necesario como forma de protesta y de denuncia pública de la situación.
Aseguran que la gestión municipal llevada a cabo por el alcalde y su equipo de gobierno, en las dos legislaturas que llevan al frente del Ayuntamiento de Ayamonte, ha conseguido situarlo entre los más endeudados de Andalucía. En concreto, en diciembre de 2013 la deuda municipal rozaba los 43 millones de euros según fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda. Así las cosas, CSIF reivindica que “los trabajadores municipales, que son los verdaderos garantes de los servicios públicos, no pueden ser las víctimas de esta nefasta gestión”.
