Trabajadoras y trabajadores de la Ayuda a Domicilio en Isla Cristina se han concentrado frente a la Delegación de Salud e Igualdad de la Junta de Andalucía en Huelva para exigir que “la Junta de Andalucía cumpla con sus compromisos y pague de una vez por todas a las empresas del sector en Isla Cristina, con quienes vienen manteniendo una deuda desde el pasado mes de marzo”.

En este sentido, Carmen Marchena de CCOO ha explicado que “nuestra exigencia es que de una vez por todas se solucionen los problemas del sector de la Dependencia de forma global, y para ello es la Junta de Andalucía la que tiene la responsabilidad de asumir con sus compromisos de pago con las empresas del sector, ya que éstas no están cobrando lo que lo comprometido por la Administración Autonómica, y por tanto, estos impagos por parte de la Junta están afectando a los trabajadores y trabajadoras que no están cobrando de forma puntual sus sueldos a pesar de que siguen cumpliendo eficazmente con este servicio público, el cuarto pilar del Estado de Bienestar”.

Igualmente, Jesús Tormo, secretario del sector de sanidad, sociosanitario y dependencia de la FSP UGT Huelva ha explicado que “la Junta de Andalucía debe de asumir su compromiso de pagar ya al día a las empresas y ayuntamientos, debe de reunirse con las partes implicadas y cumplir el compromiso, tal y como está haciendo en otros sectores como las residencias de mayores, donde están pagando a 90 días”. En este sentido, Tormo ha afirmado que “podemos decir que el poder adquisitivo de las trabajadoras se están viendo perjudicados además en un 20% debido a la devolución de recibos, e hipotecas de estas trabajadoras y los consecuentes gastos financieros que esto genera”.

Ante esta situación, ambos sindicatos han incidido en el hecho de que “en estos últimos años, la ley de la dependencia esta en regresión, debido a que el Gobierno Central recortó el 50%, la Junta de Andalucía se comprometió a mantener los presupuestos, sin embargo en estos últimos dos años los usuarios que dejan el servicio no se reponen, y esto repercute en la reducción de horas de manera que las trabajadoras cuentan con trabajos precarios a tiempo parcial”. Por todo ello, han exigido a la Junta de Andalucía que cumpla con sus compromisos de pago, que no abra más la brecha del empleo entre hombres y mujeres, y no dé la espalda “ni a las trabajadoras y trabajadores del sector, ni a las personas dependientes que se benefician del mismo”.

RESPUESTA DE LA JUNTA

En relación con la concentración convocada este lunes por los sindicatos CCOO y UGT sobre el servicio de ayuda a domicilio en la localidad de Isla Cristina, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales desea aclarar:

La Junta de Andalucía está realizando un importantísimo esfuerzo por el mantenimiento del sistema de atención a la dependencia, la garantía de los servicios existentes a disposición de las personas beneficiarias y la continuidad del empleo vinculado al sector, todo ello frente a los continuos recortes impuestos en este ámbito por el Gobierno central, que ha reducido en los últimos dos años en 400 millones de euros su aportación a nuestra comunidad autónoma para la aplicación de la ley.

A pesar de esta situación, el Gobierno andaluz ha invertido ya en lo que va de año más de 10 millones de euros en la provincia de Huelva con vistas a la oferta del servicio de ayuda a domicilio por parte de los ayuntamientos y la Diputación a través de las empresas concesionarias. Una partida que en el caso específico de la localidad de Isla Cristina asciende a un total de 557.624 euros y que supera los 1,7 millones si se tienen en cuenta también otras prestaciones en el municipio como las económicas para el cuidado en el entorno familiar, la atención residencial o la unidad de día.

La administración reitera con ello su firme defensa de la Dependencia, tal y como demuestran estos pagos y que en la actualidad esté haciendo frente prácticamente en solitario a la financiación de la misma, asumiendo el 72% total del gasto ante el 28% del Estado, cuando la aportación según la propia ley debería ser equitativa. La previsión es que la Junta llegue incluso a financiar este año hasta el 80% del sistema, en contraposición al abandono y las trabas impuestas por el Gobierno de España a estas políticas.

La comunidad andaluza se ha convertido así en referente en el conjunto del Estado español en el desarrollo de la Ley de Dependencia. En estos momentos, gestiona el 22% del total de personas con derecho a prestación en España, lo que supone cuatro puntos porcentuales por encima de su peso poblacional, y ofrece más de 211.000 prestaciones Asimismo, desde la entrada en vigor de la norma, ha duplicado el número de plazas concertadas tanto en residencias para mayores como unidades de estancia diurna.

Por otra parte, en la actualidad, casi 186.000 andaluces se benefician de teleasistencia, más de 10.000 en el caso de Huelva.

Dicho esfuerzo inversor se va a mantener el año próximo. En los presu-puestos de 2015, la Junta destinará a la atención a la dependencia un montante de 1.116 millones, en cooperación y colaboración con las corporaciones locales. En este sentido, los créditos dirigidos al servicio de ayuda a domicilio son de 317,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 9% respecto a 2014 y, para el refuerzo de profesionales, se invierten 10,3 millones de euros, la misma cifra que en 2014. Además, se incrementará el presupuesto de los servicios de atención residencial en un 7%.