A las once de la mañana de este miércoles comenzaba una nueva concentración de protesta del sindicato CSIF para reclamar a la Junta de Andalucía que abone la paga extra del próximo mes de diciembre de forma íntegra. Tal y como viene ocurriendo desde 2012, las retribuciones extraordinarias de los trabajadores que dependen de esta Administración se vienen recortando por la decisión de no abonar la parte que le corresponde relativa a los complementos autonómicos de la paga.
Por ese motivo, delegados de la Central Sindical han protestado a las puertas del edificio de Función Pública (antigua Delegación de Hacienda y Administración Pública) tras la negativa de la Junta a reconsiderar su postura y pagar la extra de Navidad íntegramente ya que, de lo contrario, los empleados públicos andaluces serán los únicos de todo el país que no la cobren en su totalidad. Según los cálculos de CSIF, en la provincia de Huelva hay más de 19.000 afectados que perderán en torno a los 2.000 euros anuales con los recortes en ambas pagas (el sindicato ya salió a la calle el pasado mes de junio por el mismo motivo).
De la misma forma, el sindicato ha reivindicado en la concentración la devolución de todo lo recortado a los empleados públicos de la Junta desde que se aprobara el Plan de Ajuste en 2012; la Central Sindical lamentó, en este sentido, que la Administración no haya contemplado en los próximos presupuestos un calendario de devolución de lo recortado “de forma injusta” a los trabajadores.
Además, CSIF ha exigido la aprobación de una Oferta de Empleo Público suficiente “para paliar el grave déficit de personal que se registra en sectores clave como la sanidad, la justicia, la dependencia, la educación o la búsqueda de empleo”. El sindicato ha lamentado, en esta misma línea, cómo “sigue sin haber recursos para los servicios públicos esenciales y sus trabajadores pero sí para mantener los sueldos de los parlamentarios y el número de altos cargos y asesores”.
40% de recorte salarial
Sumando todos los recortes a los empleados públicos, aprobados por las diferentes administraciones, los trabajadores han perdido en los últimos cuatro años más del 40% de su poder adquisitivo. De hecho, CSIF ha recordado que “sigue peleando” para recuperar la parte de la paga extra de diciembre de 2012 que se suprimió ilegalmente siguiendo el decreto del Gobierno central y que corresponde a 44 días, lo que supone entre 350 y 500 euros por trabajador.
