(Texto: Sección Sindical UGT Prisiones)  El pasado 25 de noviembre de 2014 a primera hora de la mañana en el módulo 3 del Centro Penitenciario de Huelva se produce un grave incidente regimental protagonizado por dos internos con un amplio historial delictivo, con largas condenas por delitos graves, así como un expediente penitenciario con numerosos incidentes violentos dentro de establecimientos penitenciarios, tanto hacia el personal penitenciario como hacia otros internos, por lo que pasaron tiempo en régimen cerrado (primer grado). Internos con una psicopatología marcada por la inadaptación a la vida tanto en libertad, como sin ella, violentos y agresivos.

Ambos internos se enfrentaron con violencia a los dos funcionarios que en ese momento prestaban servicio en dicho modulo, alentando al resto de internos a secundar el enfrentamiento. Gracias a una respuesta rápida, generosa y comprometida por parte de los demás compañeros que acudieron desde otras unidades junto a los Jefes de Servicios, haciéndose cargo de esta situación comprometida y grave, se consigue reducir y aislar a estos internos, por lo que resultaron varios funcionarios lesionados de distinta consideración, uno de ellos con rotura de un dedo, teniendo que ser atendidos en la Enfermería del establecimiento. Además de estos dos internos han sido aislados otros 6 internos con otros grados de participación en dichos hechos.

Este sindicato pone en gran valor la respuesta por parte de toda la plantilla de servicio ese día, acudiendo de inmediato, con gran profesionalidad e implicándose en la resolución de esa situación y la vuelta a la normalidad. Preocupados por los funcionarios que fueron sometidos a tremendo estrés, peligro por su integridad física y a los lesionados, desearles una pronta recuperación. Condenando y mostrando la más enérgica repulsa de dichos hechos.

En relación a lo complejo que es el trabajo en este medio y con algunos de estos integrantes de la población penitenciaria queremos apuntar y en su caso EXIGIR:

• Una respuesta rápida y contundente tanto de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, como de la Administración de Justicia, contra todos los internos implicados en los hechos.

• Un reconocimiento a la labor, dignidad y profesionalidad de todos los trabajadores que cumplen con unas funciones legalmente asignadas. No solo en estos casos puntuales, sino en la actividad diaria en la que la criminalización por parte de determinados sectores de la opinión pública no se ve frenada por quien tiene el deber de hacerlo, el gobierno, a través de los abogados del estado.

• Una solución inminente a la falta de personal y recursos que viene arrastrando las administraciones públicas, por la falta de ofertas de empleo y los recortes a los que se ha sometido a este colectivo, bajo la excusa infame de ser responsables de la crisis latente, de estigmatizarlos, ante el resto de ciudadanos, como privilegiados por haber obtenido un puesto de trabajo estable; no hacen sino crear contextos y situaciones de penuria, escasez de medios, limitaciones de personal, en este medio que no hace otra cosa que crecer en obligaciones, al tiempo que no se cubren ni tan siquiera las jubilaciones.

Estas situaciones se ven agravadas por las carencias que vienen produciéndose por la falta de interés de esta Administración en dotar de recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de la ejecución penitenciaria, de forma y manera que garantice la seguridad y la eficacia de la misma. A esto se une el objetivo de privatizar (como en otros ámbitos) poco a poco, sigilosamente, parte de los servicios que se vienen prestando en los centros penitenciarios. El surgimiento de empresas de seguridad, cuyo fin no es otro que obtener el mayor beneficio al menor coste, que sustituyen los puestos desarrollados por funcionarios públicos (cuyo acceso a esa condición vienen dados por procesos de libre concurrencia, publicidad, mérito y capacidad, además de una formación obligatoria), que no solo no consiguen ser más eficaces y eficientes, sino son más costosos; empresas mercantilistas que consiguen beneficios a costa de trabajadores con menor sueldo, menos derechos y más horas empleadas ( los beneficios para quien no desarrolla el trabajo efectivo)

Una última reflexión: para una buena labor eficaz y eficiente es inapelable la COORDINACION de todos los agentes y sectores implicados en el desarrollo de la actividad penitenciaria