El delegado del Gobierno en Huelva, José Fiscal, ha mantenido un encuentro con los representantes de las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica de la provincia de Huelva a los que les ha pedido que presenten nuevas iniciativas sobre lugares que estén relacionados con esta iniciativa del Gobierno andaluz.

Fiscal, que ha estado acompañado por el coordinador de la Oficina de la Vicepresidencia en Huelva, Antonio Marín, les ha propuesto también a las asociaciones que elaboren un listado completo con todos los símbolos franquistas que aún permanecen en los pueblos de la provincia de Huelva con el fin de conseguir su erradicación.

El objetivo de estas iniciativas, ha explicado Fiscal, es construir una memoria colectiva que permita la reconciliación con el pasado y ponga las bases de un futuro construido sobre los principios de la verdad, la reparación y la dignificación.

La Dirección general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía sigue construyendo el mapa de la memoria en la provincia de Huelva, donde se sitúan 120 fosas del total de 620 existentes en toda Andalucía, a través del reconocimiento de espacios como los ubicados en La Palma del Condado, el Cementerio Viejo de Almonte, Isla de Saltés, la antigua aldea de El Membrillo Bajo (Zalamea la Real) o el muro del parque Moret de Huelva.

De acuerdo con el decreto regulador de esta figura, la consideración de un emplazamiento como Lugar de Memoria Histórica obliga a la Administración pública titular a garantizar su identificación, señalización, preservación y, en el caso de que experimente alguna transformación de importancia, a mantener una huella o registro permanente que sirva para recordar los hechos relacionados con el sitio. Cuando la propiedad es privada, la Junta fomenta la firma de acuer-dos con las personas y entidades titulares.
Los Lugares de Memoria Histórica se inscriben en un catálogo específico de carácter público que contiene la documentación de cada emplazamiento y la adicional que se pueda generar y sea de utilidad para estudios e investigaciones.

La declaración, que corresponde al Consejo de Gobierno, conlleva un informe exhaustivo con documentación sobre el lugar, su evolución histórica y la narración de los hechos que motivan su reconocimiento con los datos sobre las personas e instituciones que se vieron involucradas realizado por un grupo de expertos. El inicio del procedimiento es competencia de la Dirección General de Memoria Democrática, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. El proceso se prolonga durante seis meses y cuenta con el apoyo de un grupo de seis expertos, coordinados por la persona titular de la citada dirección general. Tres de ellos representan a las asociaciones y colectivos memorialistas de la comunidad autónoma y los otros tres al Consejo Andaluz de Universidades.