La Consejería de Justicia e Interior ha ahorrado en lo que va de legislatura 253.366 euros en alquileres de sedes judiciales en la provincia de Huelva gracias a la renegociación de las cuantías de los arrendamientos. Con esta medida de ahorro, la Junta ha pasado de destinar 502.071 euros al alquiler de inmuebles judiciales en esta provincia en 2012 a abonar 248.705 en el presente año.

La Consejería de Justicia e Interior tiene actualmente en régimen de arrendamiento cuatro sedes judiciales, tres de ellas en la capital situadas en la calle Alonso Sánchez, 1, donde se encuentra el Juzgado de lo Social número 1; en la calle Echegaray, donde se ubica el Juzgado y Fiscalía de menores; y en la Plaza del Punto con la sede del Juzgado de los Social 3 y Vigilancia Penitenciaria. En la provincia sólo está en alquiler la sede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ayamonte, situado en la avenida Cayetano Feu.

Esta reducción del gasto en alquiler forma parte del esfuerzo que está llevando a cabo el departamento que dirige el consejero Emilio de Llera para optimizar los recursos y racionalizar el gasto en materia de Justicia en una coyuntura económica difícil como la actual. Desde que Andalucía asumiera las competencias en materia de Justicia, la Junta ha venido trabajando en la disminución del volumen de arrendamientos, a la vez que se ha hecho una progresiva adquisición y construcción de edificios en propiedad de acuerdo con el Plan de Infraestructuras Judiciales.

Además, este importante ahorro ha sido posible también por el cambio en la situación del mercado inmobiliario que ha permitido reducir considerablemente el importe de los arrendamientos de las sedes judiciales, gracias a la negociación con los propietarios de los inmuebles y a la revisión de los contratos que han ido venciendo.

Hasta el año 2010 el nivel de crecimiento del número de órganos judiciales en Andalucía hacía imposible impulsar una reducción en estos gastos, ya que el citado crecimiento superaba con creces el de la construcción de nuevas infraestructuras, fundamentalmente en las poblaciones en las que no existían suelos adecuados ni edificios disponibles para acogerlos.

El ahorro en los alquileres forma parte de las políticas que está impulsando la Consejería para racionalizar los gastos en materia de Justicia en ámbitos como el consumo energético, los envíos de las comunicaciones judiciales y el uso del papel mediante el fomento de las nuevas tecnologías.

La estrategia de reducción de los costes en alquileres se ha visto reforzada, de manera especial, tras la aprobación del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014. Este Plan nace del compromiso de cumplir con los objetivos establecidos por el Gobierno de España en materia de estabilidad presupuestaria y control del déficit para todas las administraciones públicas.