El sindicato CSIF, tal y como anunció el pasado mes de julio, ha formalizado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado lunes 1 de diciembre que oficializaba la unificación de los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena de la capital.

El sector de sanidad de la Central Sindical ya adelantó que llevaría a cabo las acciones legales pertinentes si la citada orden “iba contra los derechos de los profesionales sanitarios”, tal y como entiende CSIF que sucede. Además, el sindicato lamenta que la Junta de Andalucía “ni consensue ni negocie esta decisión con los trabajadores ni con sus representantes actuando en contra de la negociación prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público”.

Desde que comenzara la fusión, la Central Sindical ha venido mostrando su oposición al proceso por considerar que “el único objetivo es exclusivamente el ahorro económico a cambio de dañar las condiciones de los empleados públicos de la sanidad onubense”. El responsable provincial de Sanidad de CSIF, César Cercadillo, insiste en este sentido en que la unificación de los hospitales va a suponer una importante pérdida de puestos de trabajo al fusionar servicios y unidades.

Asegura, por ello, que “se ahondará aún más en la precariedad de los trabajadores del SAS, ya de por sí muy castigados por los recortes en sus condiciones laborales, y en el deterioro de la calidad asistencial al paciente que sufrirá las consecuencias de la reducción de personal con el aumento de las listas de espera y la disminución del tiempo de consultas”. De hecho, CSIF ha venido advirtiendo de un posible ERE encubierto puesto que “la unión de departamentos y dispositivos podría implicar el despido de un número indeterminado de trabajadores reduciendo las plantillas al mínimo posible”.

Finalmente, Cercadillo remarca que “ante la nula negociación y la falta de información por parte de la Administración tememos que se quiera imponer a los profesionales las nuevas condiciones laborales”. El responsable del sector de sanidad de CSIF subraya que “esa falta de transparencia nos hace pensar que se está enmascarando un recorte aún mayor del que venimos padeciendo en la sanidad pública tanto de prestaciones como de personal”.