Desde el 2008 hasta hoy en día se calcula oficialmente que han partido más de 2 millones de emigrantes de España. Concretamente durante el primer semestre de 2014 fueron 43.000 personas las que se exiliaron según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Sin embargo, Miguel Diéguez, responsable de Organización de IU en Francia y exiliado onubense, ha afirmado hoy en rueda de prensa que “estos datos no reflejan todos los que son, ya que no se tiene en cuenta a la gran mayoría de emigrantes que no se censan en los consulados porque de hacerlo son sometidos a la pérdida de derechos sociales, sanitarios y hasta electorales que les ha impuesto el Gobierno del PP”. “Si miramos los datos de los organismos oficiales de Reino Unido o Alemania en materia de inmigración, dos de los países de destino más frecuentes, podemos comprobar que por cada emigrante registrado en el INE hay realmente 7 en el primer país y 3 más en el segundo”, detalla Diéguez.
Según el INE unos 400 onubenses han emigrado en busca de trabajo, sin embargo contrastando datos con los países de destino, “podemos afirmar que debe haber más de 1.000 onubenses exiliados”, precisa Diéguez.
Por su parte, Ana Delgado, responsable del Área de Juventud de IU en Huelva, destaca que “somos la juventud el sector poblacional que más se ha visto afectado por la crisis, y que por tanto está protagonizando este fenómeno migratorio al que nos obligan, para evitar la precariedad laboral o el paro en España. Sin embargo cada día hay más y más madres y padres de familia que también se ven obligados a hacer las maletas. Trabajadores y trabajadoras formadas en su gran mayoría en la educación pública, y que se ven obligados y obligadas a elegir entre la dicotomía del paro o el exilio económico”.
Según Miguel Diéguez, que trabaja como ayudante de profesor en la ciudad francesa de Lyon y que lleva 5 años en Francia estudiando y trabajando en empleos precarios, “la visualización de la emigración está copada por la imagen del joven aventurero que parte para descubrir el mundo, de forma temporal. Sin embargo, la realidad es bien distinta: no se trata de una movilidad exterior libremente elegida sino de las consecuencias económicas impuestas por la Troika para saquear a la clase trabajadora de nuestro país. Los que se van probablemente no vuelvan, ya que no encontrarán un empleo para poder volver”.
El voto rogado dificulta los derechos electorales de la población emigrante.
Además, añade Diéguez, “se identifican una serie de problemáticas en este sector poblacional: desarraigo, situaciones precarias, frustración y también medidas legales por parte de España para alejarlos más de su realidad, como es el caso del Voto Rogado. Esta es una medida que fue aprobada en 2008 por el PSOE, el PP y CIU mediante la cual se dificulta el voto a aquellas personas que no residan en España. Se establece un lento proceso burocrático en el cual el posible votante tiene que rogar su voto a la Administración, para poder ejercer su voto posteriormente. Las consecuencias son claras: comparando las elecciones de 2008 y 2014 hay una pérdida de 300.000 votos, cuando la cifra de exiliados se ha multiplicado”.
