El pasado 26 de diciembre, tras 33 días de encierro, el PA mantuvo una reunión con la concentración “Campamento por la Dignidad Minera” compuesta por los vecinos censados y residentes en Sotiel Coronada (Calañas) con el objeto de conocer de primera mano su demanda y el motivo del encierro. Éstos consideran de «justicia» que se les dé la solución al desempleo que vienen solicitando desde hace años y denuncian que la situación actual se ha vuelto caótica y desesperante.
El principal argumento que esgrimen, y que desde el PA comparten «en su totalidad», se basa en la ubicación de la explotación, que ocupa su término municipal, por lo que «son ellos los que padecen de primera mano sus consecuencias: humos, gases, polvo, ruídos, etc». Por ello, desde la formación política entienden como «lógico» que deban tener prioridad y «un merecido beneficio social en la búsqueda del equilibrio y la armonía necesarias entre el tener que sufrir y soportar las consecuencias agresivas de una explotación minera y justa compensación del empleo a nuestra gente».
«El momento es ahora, con la ampliación de la explotación minera. Este grupo de vecinos, que nunca se han negado a adquirir la formación necesaria, incluso sufragándola ellos mismos, han acudido a diferentes instituciones públicas no obteniendo nunca ningún resultado a pesar de las múltiples promesas recibidas.
El PA, además de mostrar su apoyo, asegura que intentará movilizar a las instituciones y solicitará a los demás grupos políticos provinciales que, al igual que se ha llegado a acuerdos políticos institucionales en otras materias entre todos, también en este es necesario remar todos juntos y atender la demanda de este grupo vecinal».
La reivindicación de este municipio, continúan, «es un reflejo de la situación rural actual de toda Andalucía. Los partidos políticos en el gobierno, tanto PSOE con IU en la Junta de Andalucía como el PP a nivel nacional, se llenan la boca de apostar por el empleo y por el desarrollo rural pero, llegado el momento, se limitan a hacer políticas que en nada beneficia los pequeños núcleos de población que, cada vez más, se ven afectados por las grandes decisiones políticas que sólo benefician a las grandes empresas con políticas agresivas que no repercuten nada en el desarrollo local». Además, afirman, «es también el momento de empezar a cumplir los compromisos adquiridos por las administraciones con los vecinos interesados».
Para finalizar, desde el PA exigen que las distintas empresas que ya han obtenido «todos los beneplácitos habidos y por haber de la administración para reabrir las instalaciones mineras empiecen a cumplir sus compromisos (que curiosamente son los primeros argumentos que esgrimen las multinacionales cuando solicitan de los favores de la administración que apuestan por el empleo local), así como que las distintas administraciones implicadas, llámese Junta de Andalucía, Gobierno Central o Diputación, pongan mano dura e insten a las empresas a sus cumplimientos contractuales y que, en caso contrario, se entienda como un incumplimiento de las condiciones y se adopten las medidas oportunas».
