La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha sancionado con 1,62 millones de euros al BBVA por incumplimiento de la función social de sus viviendas en Andalucía. La entidad ha incumplido la obligación legal de ofrecer sus viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes, mecanismo que garantiza su adjudicación conforme a criterios socioeconómicos objetivos y evita la especulación con las mismas.

Esta obligación fue establecida por el artículo 20m de la Ley de Vivienda Protegida, que fue introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda. En el caso del BBVA, el número de viviendas sin ofrecer a los registros que ha acreditado la Consejería es 27. La sanción es de 60.000 euros por vivienda, al constituir cada omisión del deber de cederla al registro una infracción muy grave de la Ley de Vivienda Protegida. Los inmuebles se encuentran en las provincias de Granada (siete), Cádiz (seis), Almería (cinco), Huelva (cinco), Málaga (dos) y Sevilla (dos).

Ni acumulación, ni especulación

Estas viviendas no han sido ofrecidas a los registros municipales, que establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de inmuebles de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a los mismos bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia. “El dinero público es lo que permite construir una vivienda protegida, que debe ser siempre para una familia que la necesita y cumpla los requisitos. Las VPO ni se acumulan, ni sirven para la especulación”, ha afirmado Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda.

La resolución de la Consejería cierra así con una sanción de 1,62 millones un expediente abierto por la Consejería en febrero de 2013, tras haber desestimado las alegaciones presentadas por la entidad financiera.

El departamento que dirige Elena Cortés ha culminado ya san-ciones a otras dos entidades financieras por el mismo motivo. La sanción al Banco Popular ascendió a 5,82 millones por 87 viviendas; en el caso del Sabadell, la multa fue de 120.000 euros por dos viviendas. La Consejería mantiene abiertos además expedientes sancionadores a otras cinco entidades financieras, por un total de 3,48 millones de euros: Building Center (1,56 millones de euros por 26 viviendas), Unión de Créditos Inmobiliarios (780.000 euros por 13 viviendas), Banco Santander (660.000 euros por 11 viviendas), Servihabitat (360.000 euros por 6 viviendas) y Anida Operaciones Singulares (120.000 euros por 2 viviendas). Estos expedientes se encuentran en fase de evaluación de las alegaciones previa a la emisión de la resolución.

Sareb

El departamento que dirige Elena Cortés ya ha sancionado con 120.000 euros a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como ‘banco malo’, por obstruir las medidas de la Administración para garantizar la función social de sus viviendas protegidas. Y mantiene abierto otro procedimiento contra la Sareb por 11,7 millones de euros por incumplimiento del artículo 20m, al supuestamente no haber puesto 98 viviendas a disposición de los registros municipales de demandantes.

La Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda no fue impugnada por el Gobierno central en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social. Los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas continúan plenamente vigentes.