Como tema capital que es, la educación debería estar por encima de la política; pero no lo está, y esta relación perjudica notablemente a la más sublime, que no preciso resaltar cuál es. Las contrariedades que sufre hoy la enseñanza no tienen que ver únicamente con la ratio, ni con las instalaciones, ni siquiera con la financiación, temas recurrentes para mítines y promesas electorales, sino con el desprestigio de la administración ante los docentes y de los docentes ante la sociedad.
Desde 1970, las leyes de educación que hemos tenido en España han sido las siguientes: LGE, 1970; LOECE, 1980; LODE, 1985; LOGSE, 1990; LOPEG, 1995; LOCE. 2002; LOE, 2006 y, ahora, la LOMCE, 2013. Sin embargo en Finlandia, que parece ser el paradigma del buen hacer en este terreno, existe desde hace tiempo un gran pacto por la educación, para que las veleidades ideológicas y personales no influyan en el sistema; se revisan los currículos, sí, cada diez años, pero es impensable imponer una ley sin consenso, saber que va a ser derogada en un par de años y, aún así, implantarla.
Quienes dicen ser nuestros representantes en la carrera de San Jerónimo discuten sobre la edad del consentimiento sexual, mientras sigue pudiéndose interrumpir un embarazo a los dieciséis y en la mayoría de los institutos, sobre todo en Andalucía, los alumnos de estas edades no pueden salir en los recreos a comprar un bocadillo, porque los centros están cerrados a cal y canto, sin cafetería ni sala de estar, convivir o descansar: Véase Finlandia, donde los centros están abiertos y, además de pretender enseñar, se educa con la convivencia real y no artificiosa de pasillos estrechos y aulas sin calefacción; pero los finlandeses hacen responsables de sus actos a quienes los realizan y no culpan a los profesores de todos los problemas de sus hijos; y los directores responden únicamente de la gestión del centro, no de que un adolescente se escape y cometa alguna fechoría porque, principalmente, escaparse no se conjuga por las familias ni por los hijos, ya que solo puede escaparse de donde se está encerrado.
La sociedad respeta al profesorado, que posee una alta cualificación y recibe un buen sueldo. A lo mejor, si en nuestro país un profesor ganase más que un frutero, algunos de sus clientes le valorarían más; a lo mejor, si no existiesen los “sálvames”, sería más fácil inculcar a un adolescente la idea de que para triunfar hay que esforzarse.
No se trata de más horas de clase, allí tienen menos; ni de más especialistas, allí tienen un mismo maestro en los primeros años; pero sí se trata de destinar un 6,8 % del PIB a la educación y de que, por tanto, la gran mayoría de los centros sean públicos.
Estamos lejos pero, para empezar a andar, hay que exigir un gran acuerdo, un respeto del docente y una educación también para las familias. Para educar, todos somos necesarios.
