La Fiscalía Provincial de Huelva ha remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino la denuncia presentada el pasado 12 de febrero contra la Diputación de Huelva por presuntas irregularidades en contrataciones de la institución para hacer otras funciones con fondos del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), según ha podido confirmar Europa Press.
El Ministerio Fiscal ha decidido remitirla al citado juzgado al estar investigando éste otra denuncia interpuesta por dos particulares relacionada con subvenciones supuestamente ilegales sobre este mismo programa en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Tharsis, perteneciente al municipio de Alosno, lo que motivó el pasado viernes un registro en el ente provincial durante seis horas y en las dependencias del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE).
Concretamente, la Fiscalía se ha inhibido de esta investigación al considerar que pudieran tratarse de «hechos relacionados y semejantes», por tanto el citado juzgado tendrá que investigar también esta causa.
Cabe recordar que UPyD elevó esta denuncia, según rezaba en la misma, al considerar que la Diputación «sistemáticamente viene obteniendo indebidamente esta subvención de proyectos de obras y servicios de interés general generador de empleo estable, que en el año 2013 ascendió a la cantidad de 282.965,38 euros, presentando el que llama ‘Proyecto de asesoramiento, tramitación y control de las obras incluidas en el PFEA 2013’ y posteriormente el ‘Anexo al proyecto de asesoramiento, tramitación y control de las obras incluidas en el PFEA 2013’ por importe de 9.241,26 euros y, además, con dichas subvenciones sufraga y financia las contrataciones de trabajadores afines año a año».
Estos hechos, según esta formación, podrían ser constitutivos de diversos delitos contra la Hacienda pública, cohecho, fraude, tráfico de influencia o falsificación de documentos. Por tanto, pedía a la Fiscalía que ordenara la incoación de diligencias de investigación.
Así, aseguran que con el dinero percibido por esta subvención y las anteriormente obtenidas por el mismo sistema en años anteriores, la Diputación «lleva contratando durante trece, diez y seis años a una serie de personas» que realizan distintas funciones –abogados y arquitectos, entre otras profesiones–, considerándola «una plantilla estable de diez personas que comienzan sistemáticamente sus contratos a partir del día 1 de septiembre donde vuelven a ser contratados por la Diputación con cargo a la subvención del año siguiente hasta junio».
Por todo ello, considera UPyD que este proyecto presentado por la institución, «acogido a la modalidad de generador de empleo estable y subvencionado indebida e irregularmente con cargo al PFEA, incumple ampliamente la normativa aplicable».
Por otro lado, en la denuncia también se refieren a una contratación en concreto, la de una persona con parentesco con un responsable del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).
No obstante, la causa que motivó el registro en ambas dependencias el pasado viernes ha sido la denuncia interpuesta por dos particulares relacionada con subvenciones supuestamente ilegales sobre el PFEA en Tharsis.
Respecto al mismo, el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo (PSOE), señaló el pasado martes que la Guardia Civil «ha incumplido» la ley de Enjuiciamiento Criminal por las formas empleadas en el citado registro, y aseguró que «la actuación de la Diputación es irreprochable: lanzamos una oferta genérica para un puesto de encargado con una experiencia de seis meses; el SAE envía la preselección de dos personas, como hace siempre; convoca a los preseleccionados y se presenta sólo uno, y la Diputación lo que hace es contratar al único candidato que se presentó».
