El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte ha citado a declarar el próximo martes, en calidad de imputado, al alcalde de Cartaya, el independiente Juan Polo, por un presunto delito contra el medio ambiente tras la realización de dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable, según ha podido confirmar Europa Press.
Esta declaración iba a celebrarse el pasado 6 de febrero pero finalmente fue aplazada. En el auto judicial reza que el juzgado admitió a trámite una querella contra el primer edil cartayero, ordenando la práctica de una serie de diligencias como la solicitud del informe emitido por la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva sobre las condiciones urbanísticas de la parcela, y de la licencia urbanística y finalización de las obras.
Del mismo modo, solicitó la inspección ocular de la citada parcela, así como las construcciones ubicadas en la misma, y al Ayuntamiento la copia de la concesión de la licencia, pedida por la esposa del alcalde para la construcción de un almacén agrícola de 50 metros cuadrados, y una copia testimoniada del expediente administrativo de disciplina urbanística, si la hubiera, tramitado para una vivienda de 257 metros en la misma parcela, y de restablecimiento de la legalidad urbanística.
A su vez, el juez pidió una copia testimoniada del expediente administrativo de concesión de licencia instado en 2004, cuando Polo, siendo primer teniente de alcalde de Obras, pidió una licencia de obras para la construcción de un nuevo almacén agrícola de 67 metros cuadrados. Por último, solicitó al secretario del Ayuntamiento de Cartaya que emita un informe sobre los cargos políticos ostentados por Juan Polo.
Cabe recordar que en este asunto ha intervenido el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, quien admitió a trámite en octubre una queja de un vecino de Cartaya, que remitió el pasado mes de marzo un escrito al Ayuntamiento de la localidad en el que solicitaba información sobre la construcción de estas dos «viviendas», propiedad del alcalde, supuestamente en «suelo no urbanizable».
Sin embargo, en diciembre este vecino volvió a pedir de nuevo la intervención del Defensor al considerar que la documentación aportada por el primer edil era «parcial», ya que únicamente aporta los expedientes de licencia de obras de estas dos viviendas, cuando había reclamado otros cuatro documentos, concretamente los dos expedientes de disciplina urbanística, si los hubiera, tramitados para sancionar la «infracción», y en consecuencia, los dos expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística, que es lo que le ha solicitado el juzgado.
