La Asociación de Jefes y Directivos de la Policía Local de Andalucía (Ajdepla) ha instado al alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez Iglesias (PP), a organizar la plantilla de la Policía Localsegún la Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía, a acatar la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que le ha obligado, tras emitir sentencia firme, a devolver las competencias a la jefa del cuerpo desde 2006, Francisca Borrero, habiendo alcanzado en 2011 el nivel de inspectora jefe, tras superar su correspondiente oposición.
Según indican desde la asociación en un comunicado, «Francisca Borrero debe ser la única jefa de la Policía Local de este municipio porque ese puesto es de carácter unipersonal y debe ser ocupado por el funcionario de la máxima categoría», tal y como establece esta sentencia del TSJA.
Francisca Borrero, licenciada en Ciencias del Trabajo, diplomada en Criminología y profesora en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA), accedió al Cuerpo en el año 1987. En 2006 fue nombrada jefa de la Policía Local de Almonte y en 2010 aprueba la plaza de inspectora, siendo la primera mujer en Andalucía en ocupar esta categoría policial.
A su vez, ha recibido varias condecoraciones, entre ellas, la Cruz Blanca al Mérito Policial concedida por el Ministerio del Interior, y además es miembro de la junta directiva de esta asociación desde el año 2014.
Cabe recordar que el tribunal andaluz ha rechazado el recurso elevado por el Consistorio almonteño tras la sentencia emitida el pasado mes de septiembre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huelva, que ya condenó al Ayuntamiento a devolver estas competencias a Borrero.
Según reza en la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el TSJA obliga al Ayuntamiento a otorgarle de nuevo estas competencias tras dictar la Alcaldía un decreto en mayo de 2012 por la que se aprobaba la nueva estructura organizativa de la Policía Local de Almonte.
Tras este decreto, Francisca Borrero interpuso un recurso en el propio Ayuntamiento y posteriormente denunció ante los juzgados que desde la Alcaldía «no se había efectuado la notificación del decreto conforme a las normas, que regulan el procedimiento administrativo, no existiendo diligencia alguna que acredite la misma y sí únicamente una manifestación al respecto en el Decreto de Alcaldía de 18 de septiembre». Sin embargo, niega la Administración demandada que «esto sea una realidad».
El tribunal considera que «no existe diligencia alguna que acredite la realización de esta notificación» por parte del Consistorio y considera probado que la funcionaria sí presentó un recurso al mismo, sin obtener respuesta.
La nueva estructura organizativa atribuye a la recurrente, con categoría profesional A2, funciones relacionadas con la educación vial, violencia de género, menores, disciplina urbanística, notificaciones, informes y formación, mientras que al oficial responsable operativo, con categoría profesional C1, labores relacionadas con la seguridad ciudadana, tráfico y planes especiales, entre otros. Sin embargo el juez considera que «se vulnera lo establecido», así como que el puesto de jefe de Policía Local «sólo puede ser ocupado por el funcionario de la máxima categoría de la plantilla», que es en este caso Francisca Borrero.
«SÍ EXISTE INFRACCIÓN»
En este sentido, el juez entiende que «sí existe infracción de la normativa aplicable en la citada remodelación organizativa pues atribuye a un funcionario de la escala básica el desempeño de funciones propias de la escala técnica, como la superior responsabilidad en la organización, dirección, coordinación y supervisión de las mencionadas áreas».
Por todo ello y con sentencia firme, el TSJA obliga al Consistorio almonteño a devolver las competencias propias de jefe de Policía Local a Francisca Borrero, así como a pagar las costas judiciales con un límite máximo de 600 euros.