El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte ha acogido este martes la declaración, en calidad de imputado, del alcalde de Cartaya, el independiente Juan Polo, por un presunto delito contra el medio ambiente tras la realización supuestamente de dos construcciones en suelo no urbanizable. Durante la misma, el primer edil ha asegurado que «cumplió todos los requisitos para construir una vivienda en 1995 y un almacén en 2003».
Según reza en la declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, Polo ha insistido en que «para el primer almacén, que luego usó como vivienda, cumplió todos los requisitos», así como que desde «hace siete u ocho años se está regularizando la citada vivienda».
De hecho, ha precisado que «la protección que tenían los terrenos, donde construyó, era agrícola y de restricción municipal y no paraje natural», no obstante ha señalado que sabía que «esos suelos tenían especial protección, pero que conocía que pronto se iban a regularizar». De igual modo, ha hecho hincapié en que «el próximo jueves se van a regularizar todas las viviendas que pierden la protección».
«No he usado mi cargo para favorecer ninguna edificación. Nunca he firmado ningún documento sin competencias y no he informado favorablemente ninguna licencia urbanística», ha enfatizado Juan Polo, teniendo en cuenta que además de ser alcalde desde 2011, también fue teniente de alcalde del área de Deporte entre 1995 y 1999 y concejal en la oposición desde 2007 a 2011.
A su vez, ha hecho hincapié en que él «hizo lo mismo» que otros vecinos: «construir la vivienda donde ya se venía construyendo». También ha remarcado que «hizo la escritura de la misma ante notario y cumpliendo todos los requisitos que éste le exigió», así como que era una obra «calificada como antigua».
De igual modo, ha insistido en que la querella interpuesta contra él «se debe exclusivamente a motivos políticos ya que el denunciante pertenece al partido de la oposición».
Tras negarse a contestar a las preguntas del letrado de la acusación particular, sí lo ha hecho a las interrogantes de su abogado, José Carlos Hernández Cansino, asegurando que desde la Secretaría Municipal y de los Servicios Municipales se le ha informado de que «la forma de regularizar las edificaciones era la que se está siguiendo a través de los acuerdos plenarios, iniciados antes de su gobierno».
«1.000 VIVIENDAS PENDIENTES»
Juan Polo ha asegurado que, según el pleno del Ayuntamiento, «habrá un censo con 1.000 viviendas pendientes de regularización», así como que «sólo se demolerán las que estén en paraje natural, pero no las de carácter agrícola» como la suya.
Por último, ha señalado que supo de una denuncia a través del Seprona de la Guardia Civil, cuyos agentes hicieron inspecciones en su finca, pero la Fiscalía «la archivó en 2012».
Cabe recordar que en el auto judicial reza que el juzgado admitió a trámite una querella contra el primer edil cartayero, ordenando la práctica de una serie de diligencias como la solicitud del informe emitido por la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva sobre las condiciones urbanísticas de la parcela, y de la licencia urbanística y finalización de las obras.
Del mismo modo, solicitó la inspección ocular de la citada parcela, así como las construcciones ubicadas en la misma, y al Ayuntamiento la copia de la concesión de la licencia, pedida por la esposa del alcalde para la construcción de un almacén agrícola de 50 metros cuadrados, y una copia testimoniada del expediente administrativo de disciplina urbanística, si la hubiera, tramitado para una vivienda de 257 metros en la misma parcela, y de restablecimiento de la legalidad urbanística.
A su vez, el juez pidió una copia testimoniada del expediente administrativo de concesión de licencia instado en 2004, cuando Polo, siendo primer teniente de alcalde de Obras, pidió una licencia de obras para la construcción de un nuevo almacén agrícola de 67 metros cuadrados. Por último, solicitó al secretario del Ayuntamiento de Cartaya que emita un informe sobre los cargos políticos ostentados por Juan Polo.
INTERVENCIÓN DEL DEFENSOR
Cabe recordar que en este asunto ha intervenido el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, quien admitió a trámite en octubre una queja de un vecino de Cartaya, que remitió el pasado mes de marzo un escrito al Ayuntamiento de la localidad en el que solicitaba información sobre la construcción de estas dos «viviendas», propiedad del alcalde, supuestamente en «suelo no urbanizable».
Sin embargo, en diciembre este vecino volvió a pedir de nuevo la intervención del Defensor al considerar que la documentación aportada por el primer edil era «parcial», ya que únicamente aporta los expedientes de licencia de obras de estas dos viviendas, cuando había reclamado otros cuatro documentos, concretamente los dos expedientes de disciplina urbanística, si los hubiera, tramitados para sancionar la «infracción», y en consecuencia, los dos expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística, que es lo que le ha solicitado el juzgado.
