El alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez (PP), ha declarado este martes, en calidad de imputado y ante el Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado, por un presunto delito de prevaricación, a raíz de una denuncia por la contratación de un técnico de orientación laboral y de un peón para hípica en 2013 cuando supuestamente la ley lo prohibía. Al respecto, Domínguez ha precisado sobre la técnico de orientación laboral que «no fue una nueva contratación, sino una prórroga del contrato», indicando además que ésta llevaba trabajando en el Ayuntamiento desde 2006.
Durante su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el primer edil ha reconocido que existía «un informe desfavorable» por parte del Interventor, pero sin embargo sí había suficiente crédito para contratar a esta persona».
Preguntado si es cierto que había otras personas en la plantilla municipal que pudieran desarrollar estas funciones, ha asegurado que «no», así como que «la plantilla está sobredimensionada pero por lo general está poco formada».
Del mismo modo, ha precisado que se dio por válido el proceso de selección inicialmente superado «por motivos de eficacia y eficiencia». Por otro lado, sobre el contrato del peón de hípica, ha remarcado que «no lo recuerda».
Por su parte, el teniente de alcalde y concejal de Economía, Hacienda, Recursos Humanos y Empleo, José Carlos Curto, que también ha declarado en calidad de imputado, ha reconocido que esta técnico fue contratada, «levantándose un reparo efectuado por el Interventor», así como que su o puesto de trabajo «ya existía y que en aquel momento era prioritario y había crédito» y ha negado que tuviera «la condición de trabajadora indefinida».
Esta citación se produce a raíz de una denuncia interpuesta el pasado mes de enero por el portavoz del PSOE en Almonte, José Villa, sobre unos hechos que podrían ser constitutivos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias.
Según reza en la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Ley 17/2012 del 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 estableció que durante ese año no se procediera a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatuario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales, sin embargo asegura que el alcalde, «levantando un reparo del interventor accidental, e influenciado por el concejal de recursos humanos, efectuó contrataciones en contra de la ley estatal».
Villa se refiere en la denuncia a la contratación de un técnico de orientación laboral y de un peón para hípica, considerando el interventor que «no son contrataciones urgentes, inaplazables o prioritarias», así como que las mismas «eliminan el crédito para contratar al interventor y al tesorero», indicando además que «en la plantilla municipal hay personas con este perfil», así como que «si se les contrata se convertirían en personal indefinido del Ayuntamiento».
No obstante, «a pesar de estos reparos, el alcalde dictó un decreto, levantándolos y considerando correctos los expedientes de gasto», contratándolos, a su vez, «sin ningún procedimiento para su selección, sino con una contratación a dedo y directa».
