Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Cartaya han aclarado que la actuación municipal con respecto al pago de las indemnizaciones laborales a los trabajadores a los que el Consistorio dio de baja hace tres años se ajustó en todo momento a la legalidad vigente, y que en ningún caso se hizo un uso indebido ni fraudulento de la subvención destinada a la escuela infantil, subvención que se ejecutó y se justificó debidamente en tiempo y forma, como ha quedado demostrado en todo momento.
Explican al respecto, que la recomendación del TSJA hace referencia al caso de uno de los 17 empleados públicos dados de baja, siendo la única sentencia que recoge esta recomendación, a pesar de que las otras 16 se han producido en el mismo procedimiento y han sido analizadas por el mismo tribunal. Además, en ninguna de ellas el Juzgado de Huelva, por el que pasaron antes los expedientes, ha observado ningún tipo de delito.
Aclaran que, hasta tal punto han sido los servicios técnicos respetuosos con la normativa, que, aún a riesgo de que los despidos se declararan improcedentes, el Ayuntamiento no hizo frente al pago inmediato de las indemnizaciones, atendiendo el informe del funcionario municipal correspondiente, en el que este detallaba que el único dinero disponible en ese momento era el de la subvención y no se podía utilizar para tal fin.
De hecho, constatan los servicios jurídicos, el pago no se afrontó precisamente por no tocar el dinero de la subvención y se postergó hasta 20 días después, cuando ya la tesorería municipal contaba con las oportunas previsiones de que se iban a producir otros ingresos que daban cobertura a la citada subvención, aplicando el principio de ‘Caja Única’ de las administraciones, existente en materia de ingresos y gastos públicos.
El alcalde, Juan M. Polo, ha defendido el trabajo de los técnicos municipales “que han actuado con la debida diligencia y siguiendo escrupulosamente la legalidad” y ha brindado su “total apoyo al trabajo que en estos cuatro años han realizado los servicios municipales de Intervención y Tesorería de este Ayuntamiento, porque de su mano, y siempre desde la más absoluta legalidad, hemos hecho frente a la delicadísima situación económica en la que encontramos este Ayuntamiento y hemos conseguido enderezarla”.
Tanto el primer edil como los servicios técnicos municipales han asegurado que si la Fiscalía tiene a bien investigar el procedimiento, se pondrán a su disposición los informes técnicos y los documentos públicos que acreditan la actuación municipal, ya que “en ningún caso se ha hecho un uso indebido de una subvención que se ejecutó y se justificó debidamente, ni se ha cometido ilegalidad alguna en el pago de las indemnizaciones correspondientes, y todo ello pese a que encontramos este Ayuntamiento en una grave situación económica”, aseguró Polo.
