El alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez Iglesias (PP), ha declarado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Palma del Condado que la resolución del contrato con la entidad Iddiam Sistemas, –adjudicataria del servicio de colaboración para la gestión de los expedientes sancionadores por la infracción de las normas de tráfico en la localidad–, «se llevó a pleno con base a un plan de ajuste para la reestructuración de contratos» y que contaba con «los informes pertinentes» para ello.
El alcalde de Almonte fue citado este jueves a declarar, junto al resto del equipo de gobierno de Almonte y los dos concejales de IU, por un presunto delito de prevaricación administrativa tras la denuncia interpuesta por la empresa Iddiam Sistemas, la cual considera que se había producido prevaricación administrativa, ya que «hasta en tres ocasiones se llevó a pleno la resolución del contrato de servicios relativo a la gestión de expedientes sancionadores careciendo de cualquier argumento y sustento».
Según reza en la declaración en el juzgado del primer edil, a la que ha tenido acceso Europa Press, Domínguez Iglesias explica que «contaba con los informes pertinentes que aconsejaban la resolución», por lo que «una vez que se aprobase por el pleno iría al Consejo Consultivo, cuyo informe sería vinculante, como así ocurrió tras el pleno de mayo de 2013».
Asimismo, recuerda que la recusación se presentó en el Ayuntamiento el mismo día que se interpuso la denuncia penal, «según consta en el sello de entrada del juzgado», por lo que «recusación como tal no cabe» y por ello, no la admitió y «así consta en el acta del pleno».
Del mismo modo, a preguntas del abogado de los denunciantes, el alcalde incide en que cuando el punto sobre la empresa se aprobó en el pleno se mandó al Consejo Consultivo, el cual señaló que «no procede la rescisión» porque «el contrato es nulo de pleno derecho desde el principio». Respecto a la recusación, el regidor local explica que «no caba iniciar incidente de recusación porque no hay causa» y para la admisión o no de la misma considera que él como alcalde es el competente para ello.
Junto al alcalde prestaron este jueves declaración otros ediles del equipo de gobierno como Rocío de Fátima Pérez, María Rocío López, José Joaquín de la Torre y Antonia Rocío Cáceres, que apuntan que la recusación se presentó con anterioridad a la celebración del pleno, y en la sesión plenaria el alcalde dio cuenta de la misma, indicando que no consideraba oportuna su admisión.
Este viernes continúan las declaraciones en la sede judicial de La Palma del Condado con el resto de concejales del Consistorio que han sido llamados a declarar.
