Un total de 22.146 personas se han beneficiado durante el pasado año del programa de asistencia jurídica gratuita en la provincia de Huelva, cuya financiación ha supuesto para Junta más de 3,5 millones de euros destinados a sufragar el trabajo y los medios de abogados y procuradores.

De total de beneficiarios de la justicia gratuita, 12.901 personas recibieron asistencia letrada en los juzgados al ser reconocido su derecho a la asignación de un abogado a través del turno de oficio, mientras que 9.245 personas fueron atendidas durante las 3.467 guardias prestadas por los letrados durante 2014, según han informado a Europa Press desde la Delegación del Gobierno de la Junta en Huelva.

La asistencia jurídica gratuita es prestada en la provincia por más de medio millar de abogados, que recibieron el pasado año un total de 3,2 millones por este servicio, y más de medio centenar de procuradores que recibieron 317.807 euros por esta labor.

En la financiación de este servicio destinado a garantizar el acceso a la Justicia y la defensa de las personas que no disponen de recursos suficiente para ello, la Junta hace frente a los gastos que genera el turno de oficio como es la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación, así como los gastos de representación que realizan los procuradores.

La Consejería de Justicia e Interior ha venido realizando un gran esfuerzo en los últimos años para el sostenimiento de la justicia gratuita, pese a las dificultades económicas y presupuestarias. En este sentido, el departamento que dirige Emilio de Llera ha conseguido reducir los plazos de los pagos y el volumen de las cuantías pendientes con abogados y procuradores hasta abonarlas por completo.

En concreto, el pasado febrero se realizó la última transferencia de  1,3 millones de euros a los abogados y procuradores onubenses con la que se liquidaron todos los pagos pendientes por la prestación de este servicio en 2014, lo que permitía a la Administración autonómica ponerse al día en estos gastos.

La Consejería de Justicia ha puesto de relieve el buen clima de diálogo y colaboración que ha mantenido en todo momento con los consejos andaluces de estos colegios profesionales para acordar su financiación y garantizar así la prestación de este servicio esencial para la ciudadanía sin recursos.

NUEVAS MEJORAS

Para avanzar en la justicia gratuita, la Consejería de Justicia e Interior ha puesto en marcha diversas iniciativas como el nuevo sistema de gestión, denominado ‘Temisa’, que aporta transparencia, agiliza los trámites y disminuye el coste económico que realiza la Administración autonómica para financiar este servicio destinado a las personas con menos recursos.

Esta nueva tecnología, puesta en marcha el pasado mes de octubre, los consejos andaluces de abogados y procuradores remiten telemáticamente a la Administración autonómica las certificaciones de pago por el servicio de justicia gratuita sin necesidad de que haya que notificarlos en papel.

En el marco de esos avances, se ha instalado también en la web de la Consejería de Justicia e Interior un simulador económico que permite saber al instante si un ciudadano tiene derecho a beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita.

Este simulador formula una serie de preguntas para que el usuario pueda verificar si es beneficiario de la justicia gratuita, entre ellas si es víctima de violencia de género, tiene una discapacidad, ha sufrido un accidente que le ha dejado secuelas permanentes, el número de personas que forman la unidad familiar o los ingresos económicos que percibe.