El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de La Palma del Condado ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia de la empresa Iddiam Sistemas contra los once concejales, nueve del PP y dos de IU, que votaron a favor de la resolución del contrato de servicios relativo a la gestión de las multas. En sus razonamientos jurídicos, el juez señala que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”.
A continuación, desestima las argumentaciones de la parte denunciante, como la “convocatoria reiterada de plenos”, aún más cuando para la resolución del contrato el alcalde contaba con el informe jurídico del secretario de la corporación, del tesorero e interventor y de una funcionaria, por lo que en ningún momento prescindió “del procedimiento establecido”.
En cuanto a la recusación de Iddiam, no tramitada por el alcalde y basada en una supuesta “enemistad de este y del concejal de Administración con la entidad”, el juez concluye que la no admisión a trámite estaba fundada, “ya que se trata de un asunto que se incluyó en dos plenos anteriores”. Incide en que la recusación contra ambos no procede porque se presentó tres horas antes del pleno, y cita: “los motivos escapan de lo jurídico y entran en lo estrictamente político, determinado por el juego de las mayorías necesarias para adoptar acuerdos”.
A tenor de esta resolución, el alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez Iglesias (PP) ha mostrado su satisfacción porque “se pone de manifiesto quienes estamos del lado del interés de los ciudadanos y quién persigue intereses particulares. Por nuestra parte, era un compromiso electoral revisar compras y concesiones otorgadas en la etapa socialista, en las que se han ‘perdido’ 30 millones de euros. Lo que PSOE y empresarios afines han diseñado para contrarrestar esta operación de transparencia, es una persecución y posterior campaña de desprestigio -concretada en 27 denuncias durante la presente legislatura-, que caerá por su propio peso. Tenemos la conciencia muy tranquila, y las causas se irán archivando”.
Para el alcalde de Almonte, “lo significativo de esta resolución es que es un juez quien ha puesto negro sobre blanco la estrategia orquestada por los socialistas y sus empresarios afines, al razonar que los motivos para recusar a miembros del equipo de gobierno son políticos y no jurídicos. Lo que deja en evidencia la connivencia entre unos y otros, los que se beneficiaban de contratos irregulares y los que se los otorgaron y ahora han pretendido bloquear la restitución de la legalidad. Antes fuimos nosotros y ahora es un juez quien les dice que dejen de judicializar la política”.
“Por nuestra parte, seguimos adelante con la gestión municipal, confiados en superar la situación de quiebra que encontramos en el Ayuntamiento en 2011, con deudas que sumaban 60 millones de euros. Afortunadamente, las resoluciones de contratos con las empresas afines al PSOE –ratificadas por el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía- han permitido la recuperación de un total de siete millones de euros que han revertido en servicios a los ciudadanos. Cada uno se está retratando, unos con los vecinos y otros con su red clientelar. Por lo pronto, la resolución del contrato de las multas nos permite contar con 300.000 euros anuales”.
