La causa judicial contra el alcalde de Almonte, el ‘popular’ José Antonio Domínguez, a raíz de una denuncia interpuesta por el PSOE por las supuestas irregularidades que presuntamente cometió el Ayuntamiento almonteño tras anular, a través de un decreto de alcaldía, el proceso selectivo de tres plazas de auxiliar administrativo para un proyecto de cooperación transfronteriza (Poctep 2013), sigue adelante, después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de La Palma del Condado haya desestimado su petición de archivo.

Según reza en el auto del juez, al que ha tenido acceso Europa Press, éste señala de la denuncia interpuesta «se deducen indicios de la comisión de un supuesto delito de prevaricación, puesto que se ha dictado un decreto de alcaldía en presumible contradicción a una convocatoria de plazas previamente aprobada».

Por ello, considera «indispensable» practicar las diligencias «mínimas e imprescindibles» encaminadas a esclarecer los hechos, por lo que ha desestimado el recurso elevado por el primer edil almonteño que pedía el sobreseimiento.

A su vez, el sindicato UGT también denunció estos hechos por estas supuestas irregularidades al considerar que había dictado el decreto de alcaldía bajo «la evidencia de no alcanzar los puestos de salida miembros de su partido y allegados».

El pasado mes de enero el alcalde de Almonte fue a citado a declarar por este asunto y aseguró que cuando «se anula el proceso de selección aún no se conocían las tres personas que habían alcanzado la mayor puntuación», negando los hechos e indicando además que no tiene «favoritos» porque no conocía a las personas que participaron en el proceso de selección.

La convocatoria se refería a la contratación temporal de tres auxiliares administrativos del grupo C2, con jornada a tiempo parcial, de 30 horas, con duración hasta el 30 de junio de 2015, con cargo al Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (Poctep), de fondos europeos.