Casi 7.300 personas, el 93 por ciento hombre y el resto mujeres, de una quincena de nacionalidades «malviven» en los 38 asentamientos de inmigrantes existentes en la provincia –concretamente en Huelva capital, Palos de la Frontera, Lucena del Puerto, Moguer y Lepe–, según un informe realizado por el sindicato CCOO, el cual ha pedido la aplicación del III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, aprobado el pasado mes de septiembre por el Gobierno andaluz, con el fin de «dar una solución a estas personas a largo plazo».
En rueda de prensa, el secretario general de CCOO en Huelva, Emilio Fernández, ha lamentado que esta situación se ha convertido en «un problema crónico», por lo que desde el sindicato abogan por la constitución de una mesa donde participen los empresarios, sindicatos y distintas ONG.
En concreto, CCOO se refiere a los asentamientos más poblados, aunque remarca que hay algunos diseminados por otros pueblos, donde viven personas procedentes de Mali, Marruecos, Senegal, Rumanía, Guinea o Mauritania, entre otros.
La secretaria de política social y migraciones de CCOO de Andalucía, Rosa Berges, ha instado al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía que ponga encima de la mesa «de forma urgente» una serie de medidas como la puesta en marcha del III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, del Plan de la Vivienda y del Plan de Inclusión Social, con ayudas para el fomento del alquiler, registro de viviendas vacías y la creación de albergues, y también ha pedido al Gobierno central que la Inspección de Trabajo «tome medidas contundentes».
A nivel provincial, el secretario general de CCOO en Huelva ha hecho hincapié en la necesidad de la construcción de centros de protección de inmigrantes, dotados de los servicios mínimos, y ha especificado que «no tienen que ser albergues estables o gratuitos, sino que tengan algún precio simbólico también para dignificar a estas personas». Ha puesto como ejemplo unas instalaciones que se encuentran en Cartaya y ha lamentado «la experiencia fallida» del albergue para inmigrantes en Lepe, cuya construcción está «paralizada».
A su juicio, otra posible solución sería que «los ayuntamientos intermediaran entre los propietarios de viviendas vacías y los inmigrantes que quieran alquilar», así como que las viviendas construidas para éstos en las propias fincas «pudieran ser evitadas por las personas que viven en asentamientos cuando ha finalizado la campaña».
Del mismo modo, ha pedido a las administraciones «una solución urgente» para los menores, que constituyen el tres por ciento de estas personas, porque «no es de recibo su situación», así como una «actuación contundente» contra la economía sumergida que llegan a generar estos inmigrantes.
«Sabemos que es una situación difícil de resolver pero no tiene justificación que en pleno siglo XXI estas personas vivan en estas condiciones infrahumanas e ilegales», ha insistido Fernández.
Por su parte, el responsable de migración de CCOO Huelva, David Díaz, ha recordado los tres incendios que se han producido en asentamientos en las últimas semanas, y ha instado a la Subdelegación del Gobierno a acelerar los trámites para la recuperación de su documentación perdida en estos incendios.
A su vez, ha asegurado que las condiciones de vida de estas personas son «muy malas, sin unos servicios mínimos» en unos asentamientos «intransitables, en algunos casos más grandes que el propio municipio».
A NIVEL ANDALUZ
Por último, la secretaria de política social y migraciones de CCOO de Andalucía, Rosa Berges, ha explicado que a nivel andaluz, refiriéndose a Jaén y Almería, la situación es «distinta» porque en la primera «los inmigrantes no suelen quedarse por la zona, sino que se van cuando finaliza la campaña», sin embargo en Almería las circunstancias son «peores» porque «hay más inmigrantes y se dan situaciones de explotación».
Rosa Berges ha concluido que, sin contar a estas personas, «el 39 por ciento de andaluces se encuentran en situación de exclusión, así como el 51 por ciento de los menores».
