El Sector Estatal del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO quiere hacer algunas aclaraciones respecto a las ultimas noticias aparecida en prensa sobre la imputación que este sindicato ha recibido del Juzgado de Instrucción Nº 5 de Huelva en el que se llama a declarar en calidad de imputados a Manuela De Paz, presidenta del Puerto, y al exdirector, Pedro García, siendo llamada como testigo Carmen Lloret. En refencia al presunto delito ambiental del artículo 325, para el día 23 de junio, insistimos imputada en  delito ambiental del art.325 del Código Penal.

El Sector Estatal del Mar de CCOO también  quiere aclarar que la petición de sobreseimiento por parte de la fiscalía ha sido anterior a la fecha de imputación 17 de febrero y se refiere a las denuncias por la supuesta comisión de los siguientes delitos del Código Penal (CP); un delito de prevaricación del art. 404 del CP; un delito de falsedad del art. 390.1.4º del CP; un delito contra la integridad moral del art. 173.1 párrafo 2º del CP; un delito contra los trabajadores del art. 173 del CP; un delito de malversación de fondos públicos, y fraude de subvenciones del art. 308 del Código Penal.  Que nada tiene que ver sobre la pieza separada citada en el primer párrafo, sino sobre otra de ellas y que en cualquier caso, no dejar de ser la opinión del Ministerio Fiscal al respecto de esa otra pieza, que insistimos nada tiene que ver con la que han resultado Imputados.

Aclarando que la totalidad de las denuncias (ocho) están independientemente de la petición de sobreseimiento provisional de la fiscalía, en la actualidad  abiertas todas por el  juez instructor y la acusación popular (CCOO)  divididas estas en tres partes.

1ª Delito ambiental del art.325 del Código Penal. Imputación citación día 23 de junio.

2ª Delitos del Código Penal (CP); un delito de prevaricación del art. 404 del CP; un delito de falsedad del art. 390.1.4º del CP; un delito contra la integridad moral del art. 173.1 párrafo 2º del CP; un delito contra los trabajadores del art. 173 del CP; un delito de malversación de fondos públicos, y fraude de subvenciones del art. 308 del Código Penal

3ª Delito contra la libertad sindical y derecho de  huelga, art. 311 del Código Penal.

Todas estas pendientes de resolución por parte de su Señoría y ninguna hasta el momento archivada.

Finalmente, el Sector Estatal del Mar de CCOO viene exigiendo y exige que al margen de las responsabilidades penales que pudieran corresponderles a los imputados derivados de nuestra denuncia penal y que deberá dirimir la justicia, deben de adoptarse y depurarse de inmediato las responsabilidades políticas correspondientes, ya que todos los denunciados son cargos públicos nombrados por el Gobierno de la Junta de Andalucía. Y que la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía Susana Díaz, ha prometido públicamente el cese inmediato de aquellos cargos públicos que en el ámbito Andaluz, hayan resultado imputados. Si ello no se produce, no descartamos instar al Gobierno de la Nación a que ponga en marcha el proceso de destitución de los imputados, de acuerdo con lo establecido a este respecto en la normativa sobre altos cargos de la Administración General del Estado.

Por todo ello, el Sector Estatal del Mar de CCOO, insta a la presidenta de la Junta de Andalucía, a que en cumplimiento de su compromiso de regeneración  política y de lucha contra la corrupción, cese de forma inmediata a los altos cargos imputados en esta causa penal, así como, a la totalidad de los grupos parlamentarios del Parlamento andaluz, a que se pronuncien en este sentido.