El Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge desde el próximo 6 de julio el juicio contra el exjefe provincial de la Jefatura de Tráfico en Huelva, Andrés Sánchez Buenaposada, y siete acusados más –entre funcionarios, examinadores y un guardia civil– por una presunta trama de carnés fraudulentos, destapada en 2009, lo que provocó su dimisión en esas fechas.

Por estos hechos, según reza en el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía pide para Sánchez Buenaposada la pena de cinco años y medio de prisión por un delito continuado de falsificación de documentos oficiales y de prevaricación, así como una multa de 6.000 euros, a razón de diez euros diarios durante 20 meses, y la inhabilitación especial para funciones públicas en jefaturas provinciales de tráfico durante cinco años y medio.

Para el resto de los acusados, siete en total, el fiscal pide para cinco de ellos –J.C.P.G., M del R.F.S., G.R.R., M.R.S.L., y M.Á.E.,– la pena de un año y seis meses de cárcel por el delito continuado de tráfico de influencias y la inhabilitación para empleo o cargo público en jefaturas provinciales de tráfico durante cinco años, así como la inhabilitación por tiempo de ocho años y medio por un delito continuado de prevaricación para dos de estas personas.

Para otro de los acusados, M.C.P.R., solicita la pena de dos años de prisión por el delito continuado de tráfico de influencias y la inhabilitación de seis años por este delito, y de nueve por presunta prevaricación. Por último, para F.P.C pide nueve meses de prisión por un delito de falsificación y una multa de 1.000 euros, a razón de seis euros durante seis meses.

El Ministerio Fiscal sostiene que por informaciones llegadas del Grupo de Delincuencia Patrimonial de la Brigada de Policía Judicial se tuvo noticia de la existencia de un grupo de funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico, que colaboraban conjuntamente para la obtención fraudulenta de permisos de conducir.

Por ello el 11 de junio de 2008 se autorizó judicialmente la intervención, grabación y escucha de dos teléfonos, ambos usados por una de las acusadas M.C.P.R., que ejercía funciones de examinadora de la prueba práctica para la obtención del carné de conducir. En estas grabaciones, reconoce que había recomendado a varias personas para que tuvieran un trato diferenciado a la hora de ser examinados. A su vez, la Policía constata varias conversaciones en las que solicita a otros funcionarios la eliminación de multas.

Por auto de fecha del 28 de noviembre de 2008 y hasta el 26 de enero se acordó judicialmente la intervención, escucha y grabación del teléfono que usaba Andrés Sánchez Buenaposada y de otros dos más. De dichas conversaciones se obtuvo la constatación de que los tres participaban en la obtención fraudulenta de los carnés de conducir, haciendo listas de candidatos para cada examinador, así como la eliminación de multas a conocidos o recomendados.

En otra remesa de grabaciones, desde enero a febrero de 2009, los agentes comprobaron que seguían éstos conversando sobre recomendados para que fueran aprobados en los exámenes prácticos y teóricos, así como la eliminación de multas.

«ALTERÓ EXPEDIENTES SANCIONADORES»
De igual modo, por el informe realizado por el jefe de unidad de inspección y calidad de los servicios de la Dirección General de Tráfico, ha quedado acreditado que entre el 12 de enero de 2007 a 18 de febrero de 2009, el exjefe provincial de Tráfico acusado «alteró los datos de 106 expedientes sancionadores, modificando las calificaciones de las infracciones de graves a leves, así como la cuantía de las multas y pérdidas de puntos».

Igualmente, y por estos mismos servicios, se han detectado 16 expedientes sancionadores en los que este acusado «ha efectuado anotaciones falsas, tales como que el sancionado ha presentado escrito de alegaciones o recurso de alzada, consiguiendo que todas ellas prescribieran».

Para el juicio el fiscal solicita las declaraciones de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de varios testigos, así como la pericial de inspectores de la Dirección General de Tráfico.

Por estos hechos, el exjefe provincial de Tráfico fue detenido en febrero de 2009 y tuvo que dimitir de su cargo, tras 30 años al frente de la Jefatura.