La asociación Ecologistas en Acción ha considerado un «despilfarro» la, para ellos, sorpresiva propuesta de compra, «de dudosa justificación», de la finca Los Mimbrales en Doñana por 50 millones de euros por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Así, ha avanzado que va a solicitar su personación en el expediente para «comprobar que no hay otras fórmulas de recuperación de las concesiones más convenientes a los intereses de la mayoría de la sociedad y despejar dudas sobre relaciones entre los beneficiados y la administración».
El objetivo de la adquisición declarado por la CHG es el ahorro de 6,8 hectómetros cúbicos de aguas subterráneas del acuífero 27 de Doñana, que es la cantidad de agua que la finca tiene derecho a extraer y consumir para sus regadíos, ha recordado Ecologistas en una nota.
La adquisición de la finca y la posterior obtención de los 6,8 Hm3 de derechos de aguas «no es la medida de mejor coste-eficacia», por lo que para Ecologistas en Acción es un «mal uso de dinero público».
Por contra, el colectivo considera que existen procedimientos administrativos y de gestión «mucho más eficaces y menos costosos» para que el organismo de cuenca consiga ahorrar volúmenes iguales y superiores de aguas subterráneas y para que pueda controlar la demanda (legal e ilegal) «de una vez por todas, como venimos reclamando constantemente y desde años las organizaciones ecologistas».
«Si la CHG considera que es necesario disminuir la demanda de agua subterránea del acuífero, lo que tendría que hacer es el acto administrativo de declararlo acuífero sobreexplotado, acto que supondría la inmediata recuperación administrativa de la concesión de los 6,8 hectómetros cúbicos, con la debida compensación que determine la aplicación de la ley», ha subrayado.
Otra medida posible para el ahorro de la demanda se expresa en el borrador del Plan Hidrológico del Guadalquivir de la propia CHG que propone en su Plan de Medidas, la revisión de títulos, el incremento de la guardería para control de extracciones y la clausura de riegos no acreditados, hechos que supondrían, siempre según la CHG, un ahorro de hasta 325 Hm3, con un coste anual estimado de 5,5 millones de euros.
«Hay que recordar que Los Mimbrales es una finca que se transformó en regadío a través de un programa del Plan Almonte-Marisma con una importante contribución pública en infraestructuras y a la que se le hizo una concesión de aguas públicas de un acuífero sobreexplotado en una zona especialmente sensible para el Parque Nacional de Doñana. Es decir, se pagó con dinero público la transformación, se le hizo una concesión pública y ahora se pretende comprar todo con dinero público: un sinsentido y un despilfarro que no sabemos a quién puede beneficiar», agregan.
