Los Servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, en colaboración con los Servicios Marítimo y de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Autonómica, han abierto en lo que va de año un total de 415 expedientes por marisqueo ilegal en la provincia, una cifra semejante a la registrada el pasado año en estas mismas fechas, según han informado a Europa Press desde la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva.
Cabe recordar que durante 2014 la Junta elevó un total de 765 expedientes por marisqueo ilegal en la provincia, una cifra que triplicó los interpuestos en 2013, cuando fueron 235. Este aumento se debe a que en el año 2014 se disparó la actividad ilegal a causa del continuado cierre de todo el litoral por la presencia de biotoxinas durante el pasado verano, que evitó la captura de coquina y chirla por razones sanitarias.
Concretamente se mantuvo cerrado todo el litoral desde el 18 de julio al 26 de septiembre, cuando ya comenzaron a abrirse algunas zonas al constatarse la ausencia de la DSP en sus aguas. Una situación que se sumó a la situación de desesperación que viven muchas familias a causa de la crisis y que ha hecho que en los últimos años sean más las personas que se lancen a faenar sin licencia.
Estos expedientes, resultado de la labor de control y vigilancia permanente de los distintos eslabones de la actividad, tanto de la extracción y la comercialización como de la distribución y la restauración, para asegurar la trazabilidad de los productos pesqueros, se deben, sobre todo, a causas como el marisqueo sin licencia o al desarrollo de la actividad en espacios cerrados por veda o a causa de los controles sanitarios en las zonas de producción, así como por incumplimiento de la jornada establecida o la captura de bivalvos con talla inferior a la reglamentaria.
Al respecto, la delegada de Agricultura, Josefa González Bayo, ha remarcado que el dato pone de manifiesto que «la Junta no ha mirado para otro lado y sí ha perseguido el furtivismo y ha defendido la salud pública, sin olvidar que tampoco se ha dejado de ser sensible con la desesperación de los profesionales por no poder faenar», un punto en el que recuerda «la tramitación de ayudas a los sectores de la coquina y la chirla».
CAMPAÑA INFORMATIVA
De hecho, la Junta de Andalucía ha iniciado una campaña informativa por la costa de Huelva para concienciar a los veraneantes sobre las repercusiones negativas del consumo de inmaduros y la importancia de la trazabilidad y el etiquetado en todo el litoral onubense y del resto de la comunidad autónoma.
Todo ello para incidir en el daño biológico que provoca al medio marino la extracción e ingesta de especies que no alcanzan las tallas mínimas legales y la importante merma que supone esta práctica para la sostenibilidad del marisqueo, una actividad profesional de la que dependen, sólo en la provincia, 600 familias.
«SENSIBILIDAD» DE LA JUNTA
La delegada ha insistido en «la sensibilidad» de la Junta ante la situación que viven muchas familias onubenses a causa del paro, pero ha alertado de que este tipo de pescado o el inmaduro «no pasa por los controles de calidad obligatorios en el mercado».
Una situación que conlleva, por un lado, «una amenaza muy seria para la sostenibilidad de los caladeros, los recursos naturales y, por tanto, para la actividad y el empleo que genera», y, por otro, por «el serio riesgo para la salud pública al capturarse ejemplares en zonas cerradas al marisqueo por la presencia de toxinas o que no cumplen la talla mínima», ha remarcado González Bayo.
Por ello, considera «fundamental» esa labor de sensibilización, complementaria a la labor de los Servicios de Inspección Pesquera, que están haciendo «su trabajo y muy bien». Por ello, aboga por la concienciación de los ciudadanos para que «renuncien al consumo de pescado sin el correcto etiquetado».
LUZ VERDE A LA CAPTURA
En estos días, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural dio luz verde a la captura y comercialización de la coquina y la chirla, así como de otras especies como la almeja chocha, el busano, la cañaílla, el longueirón y la navaja-muergo, en la zona de producción de Mazagón.
Con esta medida, el sector de la coquina tiene vía libre para faenar en estos instantes en la Barra del Terrón, Mazagón y en la zona marítima de Doñana. El resto del caladero de esta especie –Isla Canela, Desembocadura del Piedras, Punta Umbría y Matalascañas– permanece cerrado a causa de la presencia de la biotoxina DSP. Con un mayor margen de maniobra cuentan los profesionales de la chirla, que también pueden desarrollar su actividad, además de en los tres espacios abiertos para la coquina, en Isla Canela y Punta Umbría.
Junto a estos enclaves, también está permitido el marisqueo en las zonas de producción de las Marismas del Guadiana-Carreras, el río Carreras y las Marismas del Piedras, donde se extraen desde las almejas babosa, fina y japonesa hasta el berberecho, el longueirón o la navaja-muergo. Del mismo modo, no está autorizada la captura y comercialización de bivalvos de las aguas del río Guadiana, por E.Coli; ni de Isla Canela (salvo la chirla), la Desembocadura del Piedras, Punta Umbría (salvo la chirla), Matalascañas e Isla Cristina, a causa de la DSP.
En la misma línea, desde este departamento de la Junta de Andalucía se incide en que el marisqueo sin licencia está prohibido en cualquier momento y conlleva una sanción de carácter «grave», calificación que en el caso de que la actividad se desarrolle en una zona de producción cerrada por motivos sanitarios se eleva a «muy grave».
Las sanciones por el incumplimiento de estas prohibiciones pueden oscilar entre los 301 y los 60.000 euros para las personas que capturen moluscos bivalvos sin autorización (sanciones graves) y entre los 60.001 y los 300.000 euros para quienes desarrollen esta actividad en un caladero cerrado por la presencia de toxinas (sanción muy grave).
