El exalcalde socialista de Bollullos Par del Condado, Carlos Sánchez, se ha declarado inocente este viernes de un presunto delito continuado de prevaricación por la adjudicación del contrato de recogida de basuras a Cespa en 2006, mientras que la acusación particular, el Ayuntamiento –ahora gobernado por el PSOE y por independientes cuando se denunciaron los hechos– ha pedido nueve años de inhabilitación para desempeñar empleo o cargo público.
Para el resto de concejales acusados de prevaricación –Rosario Rosado, Davinia Palacios, David Benjumea y Dolores Ramos–, la acusación ha solicitado siete años de inhabilitación y el pago de 65.910 euros, entre todos los acusados, como responsabilidad civil, mientras que con anterioridad solicitaba 327.485 euros.
Tanto las defensas como la Fiscalía han pedido la absolución, al considerar ésta última que «no ha actuado con mala fe». Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, Carlos Sánchez ha mantenido su inocencia y, aunque ha reconocido que el informe del interventor no lo permitía, ha asegurado que «no tenían conocimiento alguno que se estuviera cometiendo ninguna ilegalidad».
En esta línea, ha precisado que el objetivo de su equipo de gobierno «es que el servicio de basuras municipal pasara de costar un millón de euros, siendo deficitarios, a unos 300.000, beneficiándose de ello únicamente los vecinos».
Del mismo modo, ha hecho hincapié en que «ninguno de éstos ha obtenido beneficios y si así hubiera sido, hubieran sido cesados». Por su parte, han declarado dos de los concejales acusados, Dolores Ramos y David Benjumea, mientras que las otras dos ediles, Rosario Rosado y Davinia Palacios, han ratificado su primera declaración, acogiéndose a su derecho de no declarar.
Al respecto, Dolores Ramos ha reconocido que tenía constancia de que el servicio de recogida de basuras era «deficitario» y ha hecho hincapié en que «ningún concejal obtuvo beneficios por esta contratación», así como que votó a favor, durante el pleno, porque «es una necesidad recoger la basura y al considerar que se había hecho todo perfectamente normal».
También David Benjumea ha insistido en que «no hubo nada anormal dentro del proceso», indicando además que la localidad «resultó beneficiada tras esta contratación porque el servicio era mejor y más económico», así como que su único beneficio propio «ha sido estar acusado».
INFORME DESFAVORABLE DEL INTERVENTOR
También ha declarado como testigo la que fue interventora en el Ayuntamiento en aquellas fechas y ha dejado claro que ella «informó desfavorablemente» sobre esta contratación «al carecer de medios adecuados y suficientes».
«Cuando una propuesta de gasto carece de créditos o cuando el interventor está disconforme, la competencia para levantar el reparo es del pleno y este mismo lo puede levantar habilitándole el crédito», ha explicado la interventora, quien ha asegurado desconocer lo que se aprobaría en la citada sesión plenaria.
Cabe recordar que este juicio estaba previsto para el pasado martes pero finalmente fue aplazado ante la imposibilidad de declarar como testigo esta interventora, al no tener constancia el juzgado de que le hubiera llegado la citación judicial. De este modo, el propio Ayuntamiento renunció a las testificales de la secretaria del Consistorio y de la asesora jurídica cuando se produjeron los hechos.
La acusación contra el exalcalde y los concejales se basa en el hecho de que el Ayuntamiento aprobó contratar los servicios de la empresa Cespa, por valor de 327.485 euros, a pesar de que el informe del interventor municipal indicaba «la insuficiencia de crédito disponible» para hacer frente al pago de este contrato, una cantidad que la compañía reclamaba al Consistorio.
OTRAS CAUSAS
No se trata de la primera causa por la que Carlos Sánchez se sienta en el banquillo, ya que en mayo de 2013 fue condenado a siete años de inhabilitación especial de empleo o cargo público para ser alcalde o formar parte de una Corporación local por un delito de prevaricación, en relación a la ejecución de unas obras en el parque Ramos Mantis del municipio entre los años 2005 y 2007.
A su vez, está procesado y pendiente de señalamiento de juicio, contra Sánchez y otros concejales y exconcejales del PSOE por los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y de desobediencia, así como a un extécnico municipal, por la supuesta recalificación de unos terrenos rústicos para ubicar en los mismos el recinto ferial de la localidad entre junio de 2005 y marzo de 2007.
