Según un estudio del sindicato, el número de trabajadores y trabajadoras dependientes directamente de la Consejería de Educación que prestan estos servicios son 12.700 frente a los 17.516 que lo hacen a través de empresas privadas. Las condiciones laborales de quienes atienden los servicios privatizados son cada vez más precarias.
La Consejería de Educación inició en 2006 una carrera en privatización de servicios educativos, que se ha visto acelerada coincidiendo con la llegada de la crisis, ello se ha materializado cubriendo las necesidades de personal complementario en los centros públicos adjudicando a empresas privadas servicios educativos como son: apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, aula matinal, acompañamiento en el trasporte escolar, comedores escolares, los intérpretes de Lengua de Signos, servicios complementarios y gestión de Escuelas Infantiles de primer ciclo o la limpieza de centros, entre otros.
Según CCOO, en este curso 2015/16 hay 2.797 colegios, institutos, escuelas infantiles, residencias escolares y centros de enseñanzas de régimen especial con servicios privatizados, de ellos se derivan 17.516 empleos prestados por trabajadoras y trabajadores con unas condiciones laborales sumamente precarias: más del 95% de los contratos es a tiempo parcial, muchos de ellos de hora y media diaria; salarios bajos; dispersión de convenios colectivos e incumplimiento de los referenciados en los pliegos de licitación; o incluso, presión empresarial para aceptar renuncias a derechos. El empleo en estas actividades privatizadas supera ampliamente en número al realizado por personal propio de la Consejería de Educación, que en el curso pasado alcanzaba la cifra de 12.700 empleadas y empleados públicos aproximadamente. En Huelva, hay 973 trabajadores y trabajadoras que prestan servicio a la Conserjería pero en régimen privatizado y muchos de ellos tienen contratos con diferentes empresas, con distinta categoría profesional y prestan servicio a distintos colegios. Con respecto a los servicios complementarios en Escuelas Infantiles del ciclo 0-3, se observa un bajísimo número de personas a subrogar, en contraste con las cifras de monitoras y monitores que serian necesarios y el número de horas por el curso académico, que se indican en los pliegos. En Huelva , CCOO estima que haría falta crear 64 puestos de trabajo mientras la Consejera no contempla ninguno.
Todo ello, denuncia el sindicato, con la permisividad de la Consejería de Educación que es quien subcontrata los servicios, mayormente a través de su ente instrumental que es la Agencia Pública Empresarial de Educación.
CCOO ha realizado un estudio partiendo de los pliegos de las 64 licitaciones que han regulado las contrataciones con empresas actualmente en vigor, se ha tenido en cuenta además la oferta educativa de la Consejería de Educación para el curso 2015/16. El objeto del mismo es conocer en toda su amplitud la privatización de servicios que se lleva a cabo en los centros docentes y educativos públicos de titularidad de la Junta de Andalucía, para concretar una intervención activa en lo referente a la demanda de condiciones de trabajo dignas frente a los “minijobs” potenciados por Educación, el mantenimiento del empleo y la reversión a lo público de las actividades privatizadas.
En los centros educativos públicos, mayormente colegios de Infantil y Primaria e institutos de Secundaria, se prestan un total de 5.200 servicios que son atendidos por empresas subcontratadas por la Consejería de Educación. En Huelva, el numero de servicios prestado privatizados es de 380 por este orden; atención al alumnado con necesidades educativas especiales, aula matinal, comedor escolar, y limpieza.
Ante la incidencia tanto en la calidad del empleo como del servicio, CCOO exige a la Consejería de Educación imponer en todos los pliegos de licitaciones el convenio colectivo de referencia y categoría aplicable en cada caso; la subrogación de personal; cláusulas que obliguen a las empresas adjudicatarias a no minorar las condiciones de trabajo (jornada, salario y mejoras sobre legislación laboral básica) de los trabajadores y trabajadoras adscritos al contrato en el que se incorpora la misma, en función del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta.
No obstante, CCOO aboga por la prestación de todos los servicios vinculados a escuela pública mediante una gestión pública y por ende la reversión a lo público de todas las actividades y el empleo privatizado, teniendo en cuenta a su vez los derechos laborales y el mantenimiento del empleo de las personas contratadas para su prestación. En este sentido el sindicato ha anunciado movilizaciones en el sector para el día 11 de noviembre.
