Izquierda Unida ha dirigido a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Cartaya una propuesta para consensuar el futuro de la Entidad de Conservación de Nuevo Portil (ECNP). Con esta iniciativa, IU se hace eco de la voluntad expresada por todos los grupos en el pleno del Ayuntamiento de abrir una vía de cooperación en este asunto. IU propone que el Ayuntamiento inicie un proceso de participación que culmine con una consulta popular sobre las actuaciones necesarias para solucionar el conflicto social y jurídico que se abrió con la creación de la ECNP hace casi una década.
La propuesta para el consenso que IU ha remitido a los demás grupos contempla la creación de una mesa de trabajo que incluya a ciudadanos, organizaciones sociales, consejo rector de la ECNP y Ayuntamiento para aplicar las medidas decididas en el proceso de participación ciudadana. Entre las alternativas para solucionar el problema, se contemplarán: a) tutelar el proceso de disolución total de la ECNP, en cooperación con la ECNP o mediante la asunción de todas sus competencias por el Ayuntamiento, b) tutelar el proceso de disolución parcial de la ECNP, en cooperación con la propia ECNP. Unas 500 personas han firmado ya a favor de la disolución de la ECNP.
La ECNP se creó a mediados de la década de los años 90 del siglo pasado sobre una pequeña urbanización de poco más de 400 propietarios, dos hoteles y un campo de golf. El Ayuntamiento de Cartaya justificó entonces la condición de complejo turístico “de lujo”, creando la ECNP para “financiar, mantener y conservar las obras, servicios e infraestructuras de la zona”, así como la “contratación de los servicios de vigilancia privada y jardinería”, según sus estatutos. Nuevo Portil no es hoy una pequeña urbanización cerrada “de lujo”, es uno de los tres núcleos poblacionales de Cartaya, con casi 1.200 habitantes y un perfil social parecido al del resto de la población local.
La creación de la ECNP ha ocasionado un conflicto social y jurídico que se ha agravado durante los últimos años. Diferentes colectivos han cursado decenas de reclamaciones al Ayuntamiento de Cartaya y Consejo Rector de la ECNP, denunciando irregularidades económicas, incumplimientos de los procedimientos fijados en los estatutos y deficiencias en servicios públicos esenciales. En varias ocasiones, se ha pedido amparo al Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Pueblo Español. Los vecinos también han denunciado al servicio de vigilancia privada en Nuevo Portil, que “pretende suplantar las funciones de los cuerpos y seguridad del estado, actuando en vías públicas”, según han explicado. Eso contraviene la normativa vigente, que “sólo permite a los vigilantes ejercer sus funciones en el interior de propiedades o edificios a su cargo”. También se han presentado reclamaciones ante la Agencia Tributaria por irregularidades en la gestión del cobro por vía de apremio y demandas judiciales de casi un centenar de vecinos para la desvinculación de la entidad. Casi 500 vecinos adscritos a la ECNP han firmado ya para la disolución de la entidad, mientras la deuda ha crecido hasta casi los 200.000 euros.
Ante estas reivindicaciones, se ha alegado que la asamblea de propietarios puede decidir la disolución de la entidad. Sin embargo, el propio Ayuntamiento se previno en los estatutos exigiendo una mayoría a favor de la disolución del 80% de las participaciones, lo que es imposible con la oposición de los grandes beneficiarios de la entidad, los hoteles y el campo de golf, participantes mayoritarios, cuya jardinería y seguridad privada acaparan el 90% del presupuesto, según han recogido algunos medios. Este conflicto genera malestar ciudadano, merma la cohesión social y produce desafección, generando morosidad y litigios contra la ECNP y el Ayuntamiento.
