Más de 10.000 emigrantes retornados onubenses han recibido cartas procedentes de la Agencia Tributaria, en las que se les reclama el pago de una deuda tributaria, más los intereses de demora correspondientes, a la tributación de la pensión que reciben de países europeos a los que tuvieron que emigrar.
Para los afectados, «este cambio de criterio absolutamente injusto y con afán recaudatorio, que con una mano aprueba amnistías fiscales a las grandes fortunas que evaden capitales a paraísos fiscales, y con la otra aumentan la presión fiscal sobre pensionistas que un día tuvieron que afrontar la dura experiencia de tener que salir a ganarse la vida lejos de su tierra y de sus familias».
La Asociación Onubense de Emigrantes Retornados, considera por justicia, la aplicación de los siguientes puntos:
· Que dichas rentas y pensiones tengan la consideración de exentas, aplicando estos cambios con carácter retroactivo de manera que quede anulada la deuda tributaria que actualmente reclama la agencia tributaria a los emigrantes retornados.
· La AEAT debe asumir con carácter general, la devolución de los importes cobrados a los pensionistas emigrantes retornados de Alemania en consonancia con las sentencias judiciales dictadas a tal efecto, por estar exentas de tributar antes del 2013
· Establecer los medios necesarios para que como cualquier contribuyente, el pensionista emigrante retornado reciba su borrador de la declaración de Hacienda con todos los ingresos a declarar.
· Que se establezcan los mecanismos necesarios para la homologación o convalidación de las pensiones de invalidez provenientes de países extranjeros y el reconocimiento automático de las mismas por parte de la administración española.
· Conceder unas medidas de aplazamiento extraordinario acorde al proceso de regularización que se ha llevado a cabo anulando los intereses generados por estos fraccionamientos. En la mayoría de los casos la AEAT no ha respetado un mínimo vital de supervivencia.
· La devolución de oficio de las sanciones y recargos aplicados injustamente que no han sido reclamadas por los retornados, cantidad que según AEAT se eleva a siete millones de euros.
