La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge desde este lunes sobre las 10,00 horas y hasta el viernes el juicio contra el exjefe provincial de la Jefatura de Tráfico en Huelva, Andrés Sánchez Buenaposada, y siete acusados más –entre funcionarios, examinadores y un guardia civil– por una presunta trama de carnés fraudulentos, destapada en 2009, lo que provocó su dimisión en esas fechas, ha sido aplazado para el mes de noviembre, concretamente del 23 al 27.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, este lunes día 23 da comienzo el juicio y se prolongará hasta el viernes día 27 ya que fue la fecha elegida entre todas las partes para la celebración, después de que fuera aplazado el pasado 6 de julio.
Cabe recordar que el juicio fue aplazado por enfermedad del guardia civil acusado, concretamente por una intervención quirúrgica, y también por coincidir con otro asunto pendiente, y preferente, de la defensa de este acusado.
Por estos hechos, la Fiscalía pide para Sánchez Buenaposada la pena de cinco años y medio de prisión por un delito continuado de falsificación de documentos oficiales y de prevaricación, así como una multa de 6.000 euros, a razón de diez euros diarios durante 20 meses, y la inhabilitación especial para funciones públicas en jefaturas provinciales de tráfico durante cinco años y medio.
Para el resto de los acusados, siete en total, el fiscal pide para cinco de ellos –J.C.P.G., M del R.F.S., G.R.R., M.R.S.L., y M.Á.E.– la pena de un año y seis meses de cárcel por el delito continuado de tráfico de influencias y la inhabilitación para empleo o cargo público en jefaturas provinciales de tráfico durante cinco años, así como la inhabilitación por tiempo de ocho años y medio por un delito continuado de prevaricación para dos de estas personas.
Para otro de los acusados, M.C.P.R., solicita la pena de dos años de prisión por el delito continuado de tráfico de influencias y la inhabilitación de seis años por este delito, y de nueve por presunta prevaricación. Por último, para F.P.C., pide nueve meses de prisión por un delito de falsificación y una multa de 1.000 euros, a razón de seis euros durante seis meses.
Por estos hechos, el exjefe provincial de Tráfico fue detenido en febrero de 2009 y tuvo que dimitir de su cargo, tras 30 años al frente de la Jefatura.