El agente supuestamente agredido durante la huelga general de 2012, de lo que se acusa al secretario provincial del PCA en Huelva, Daniel Hernando, mientras participaba en un piquete informativo, lo ha reconocido como autor de los hechos al declarar que le pegó «un tirón fuerte» de una mano mientras le abría paso a una trabajadora para que acudiera a su puesto de trabajo, teniéndose que zafar para no caer en la multitud, y que le causó lesiones en los dedos de una mano.
Durante el juicio, en el Juzgado de lo Penal número 4, su defensa ha pedido la absolución al hallar «contradicciones» en las declaraciones de los agentes y al considerar que «no hay ningún testigo de la agresión», mientras que la Fiscalía ha elevado una calificación alternativa, solicitando a la jueza que si no condena al acusado por atentando a los 18 meses de prisión que pide en su escrito, lo haga por resistencia a la autoridad a seis meses de cárcel, manteniendo la falta de lesiones, por lo que pide una multa de 180 euros, así como los 114 euros por estas lesiones y el tiempo de duración.
La fiscal ha tildado de «coherentes y veraz» las declaraciones de los agentes, así como que los testigos, propuestos por la defensa, «niegan datos objetivos» y contrastados con partes médicos.
Por su parte, el agente agredido ha recordado «una actitud violenta» por parte de los huelguistas, que «en un ambiente agresivo estaban impidiendo el paso a las personas que querían acudir a sus puestos de trabajo» en la puerta de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía durante aquella jornada.
Tras señalar que conocía de vista al acusado por sus cargos políticos, el agente ha reseñado que «una mujer intentaba acceder al edificio e intentó protegerla para que pasara, momento en el que sentí que Hernando me agarraba de la mano, tirando con fuerza. Si no llego a zafarme me hubiera caído hacia la multitud», ha concretado.
Por ello, ha asegurado que sufrió lesiones en los dedos de una mano para lo que precisó asistencia sanitaria. De igual modo, ha señalado que notó «un tirón del cinturón» y comprobó que no le habían quitado la pistola pero no ha podido concretar que fuera el acusado.
OTROS DOS AGENTES
Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, han declarado otros dos agentes, que también fueron agredidos sin poder reconocer a los autores. Uno de ellos, ha recordado que algunos huelguistas «se lanzaron» contra él, por lo que cayó al suelo y recibió una patada, al igual que el otro policía que fue a auxiliarlo, que fue golpeado en el ojo, coincidiendo ambos en que «la actitud era muy agresiva», pero ninguno de los dos vio la supuesta agresión realizada por el secretario del PCA.
Por su parte, los testigos, propuestos por la defensa, como el secretario provincial de CCOO, Emilio Fernández, o el portavoz de IULV-CA en el Ayuntamiento de Lepe, Javier Valderas, han señalado que no vieron ninguna agresión, que «el ambiente era tranquilo», así como que «la carga de los policías fue excesiva» y que desconocía que algunos de éstos hubiesen resultado lesionados.
Valderas ha señalado, a su vez, que uno de los agentes «cogió a Daniel Hernando del brazo y nosotros tiramos de él para que no se lo llevasen detenido».
CONFÍA EN SU ABSOLUCIÓN
En declaraciones a los periodistas antes del juicio, Daniel Hernando se ha mostrado confiado en su absolución y en que, «de una vez por todas, esta especie de tragicomedia termine de una vez y se sepa la verdad y se haga justicia, que no es otra cosa que el fin de los procedimientos contra los activistas sociales, sindicales y políticos».
Hernando ha estado acompañado por el secretario general del PCA, José Manuel Mariscal, quien se ha trasladado a Huelva para apoyarle. «Hoy todos somos él, todos los comunistas, toda la gente de izquierda y todos los que tratan de defender cada día los derechos de los trabajadores que han sido atacados durante estos cuatro años de una manera brutal».
Mariscal ha incidido en que «cuando el consenso se deja de instalar en las cabezas de la gente y la gente empieza a salir a la calle y a rebelarse contra lo establecido es cuando han empezado a modificar leyes como la Ley Mordaza o la de Seguridad Ciudadana, y así evitar que sigamos defendiendo espacios públicos y defendiendo con ello los derechos de los trabajadores, pero no nos van a parar». Por ello, ha pedido «una gran movilización» el próximo 20 de diciembre en las urnas.
