El sector estatal del Mar de CCOO, que ejerce la acusación popular, ha pedido ocho años de prisión para la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Manuela de Paz, y para el exdirector de la misma Pedro García por presuntos delitos medioambientales relacionados con su gestión en la entidad portuaria.

El letrado del sindicato, Jorge Granados, ha precisado que esta parte ha pedido la apertura de juicio oral y ha presentado el escrito de acusación por un delito contra los recursos naturales, otro de prevaricación medioambiental y otro más de falsedad documental.

Al respecto, ha recordado que la citada causa es consecuencia de una pieza separada abierta a raíz de la denuncia presentada en mayo de 2014 por el sindicato tras unos informes de la Administración General del Estado por la presunta comisión de una decena de delitos, que finalmente se separaron en tres procedimientos.

En concreto, por el delito contra los recursos naturales solicitan para ambos una pena de tres años y dos meses de prisión y una multa de 7.200 euros; por el segundo, de prevaricación medioambiental, un año y nueve meses de prisión, multa de 9.600 euros y siete años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público; y por el tercero, de falsedad documental, tres años de prisión, dos de inhabilitación y una multa de 3.600 euros.

Cabe recordar que la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento de la causa, no obstante el letrado ha asegurado que habrá juicio, ya que el juez ha continuado con el procedimiento, por el que De Paz y García prestaron declaración como imputados el pasado mes de junio.

Sobre el resto de delitos, entre ellos prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude de subvenciones, contra los trabajadores y contra la integridad moral, ha precisado que ambos han sido citados para declarar la próxima semana.

Al respecto, el secretario general del sector del Mar de CCOO, José Pérez Domínguez, se ha mostrado extrañado por el hecho de que aún no se haya cesado en su cargo a De Paz, y ha criticado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al «no aplicar aquello de imputado igual a cesado».

Cabe recordar que esta causa se centra en la actuación de la Autoridad Portuaria de Huelva en el proyecto de ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo, que requería evaluaciones ambientales y evaluación Red Natura 2000 y, según los denunciantes, no fueron solicitadas, y «todo ello con la intención de no perder la financiación de parte de las obras, un 80 por ciento, con fondos Feder de la Unión Europea (UE) y causando por ello grave afectación medioambiental».

Sin embargo, el fiscal asegura en su escrito que «los hechos objeto de la presente causa no son constitutivos de infracción penal», indicando además que «no se han concretado los leves indicios de infracción penal existentes al inicio de la investigación».