La alcaldesa de Gibraleón, la socialista Lourdes Martín, ha señalado este miércoles que el equipo de gobierno está estudiando pedir responsabilidades personales al anterior alcalde, el popular José Ramón Gómez Cueli, y a los concejales del PP e IULV-CA que, en el pleno del 11 de julio de 2013, votaron a favor de la salida de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), «aún a sabiendas del perjuicio que ello ocasionaría en el bolsillo de todos los olontenses».

Todo ello después de que la MAS haya notificado al Ayuntamiento de la localidad el inicio del procedimiento de apremio en vía ejecutiva de casi 1,5 millones de euros, correspondiente a la parte de la indemnización que, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el municipio debe afrontar por abandonar el servicio de Giahsa.

Al respecto, en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa ha hecho hincapié en que «el Ayuntamiento no se encuentra en disposición de afrontar este pago», a lo que ha añadido que «si así fuera, el Consistorio tendría que cerrar sus puertas mañana mismo».

En esta línea, ha manifestado que la situación económica del ente local es «precaria, fruto de la nefasta gestión del anterior equipo de gobierno», indicando además que la penalización por la separación de la MAS es «sólo una de las tantas sanciones que nos vamos encontrando a diario por un trabajo mal hecho».

La notificación de la providencia de apremio, a la que ha tenido acceso Europa Press, da de plazo hasta el día 20 de este mes de diciembre para que el Ayuntamiento efectúe el pago de la cantidad reclamada, tras el cual «se procederá sin más al embargo de sus bienes».

Esta indemnización tiene su origen en 2013, cuando el Ayuntamiento olontense, gobernado por entonces por el PP, aprobó el 11 de julio su salida de Giahsa, encomendando el servicio temporalmente a la empresa privada Aqualia.

La alcaldesa ha hecho hincapié en que desde el momento en el que se notificó a este Ayuntamiento que se enfrentaba a una posible indemnización, el equipo de gobierno «ha estado trabajando en ello, consiguiendo paralizar la deuda durante unos meses, pero llegados a este punto estamos buscando fórmulas de futuro, porque si precaria es la situación actual, peor puede ser la de mañana, si llegado el momento tenemos que afrontar el pago de 4,5 millones de euros».

Además, ha remarcado que, para poder afrontar el pago de esta deuda y sus intereses en cinco años, el Consistorio «tendría que incrementar las tarifas del agua más de un 20 por ciento de inmediato», algo que desde el equipo de gobierno socialista rechazan «frontalmente», ha recalcado Martín.

Asimismo, la primera edil recuerda que los concejales socialistas de la anterior legislatura ya advirtieron de «la grave decisión que tanto el Partido Popular como Izquierda Unida estaban tomando, siendo conscientes de que esta sanción tarde o temprano llegaría».

Por todo ello y ante «la gravedad» de estos hechos, el Ayuntamiento está estudiando las posibles medidas a su alcance: jurídicas, administrativas y políticas, con el fin de obtener «la solución más beneficiosa para los ciudadanos y ciudadanas de Gibraleón».

AUTO DEL TSJA

Cabe recordar que el pasado 11 de junio, el TSJA estimaba parcialmente la solicitud del Consistorio, de manera que suspendía el pago del 65 por ciento de la liquidación (2,2 millones), y denegaba la misma en cuanto al 35 por ciento, es decir 1,2 millones, que ahora son reclamados por vía de apremio desde la Mancomunidad, con los recargos e intereses correspondientes, por lo que la cantidad se eleva ya a 1.479.4571.28 euros.

El alto tribunal andaluz destacaba entonces que «los perjuicios que se puede ocasionar a la entidad y a los ayuntamientos que la integran» por la salida de Gibraleón «son mayores que los que puede sufrir» el Consistorio, argumento en lo que se basaba para obligar al Ayuntamiento de Gibraleón al pago de una parte importante de la indemnización.

Por ello, tras el informe económico presentado por la MAS para argumentar que «los perjuicios que se puede ocasionar a la entidad y a los ayuntamientos que la integran» por la salida de Gibraleón «son mayores que los que puede sufrir» el Consistorio, se ha estimado sólo parcialmente la petición del mismo.

Por su parte, el ente local alegó que estas medidas cautelares supondrían «un desequilibrio económico de su hacienda pública municipal». Así las cosas, el juzgado estimó parcialmente las medidas con el fin de «ponderar» ambos intereses.