Una extrabajadora de la empresa Islantilla Oasis Hotel S.A., enclavado en la provincia de Huelva, ha presentado una querella criminal contra varios asesores jurídicos del sindicato UGT ya que debido a «una negligencia» de éstos ha perdido su indemnización por el despido colectivo realizado a toda la plantilla por la empresa y que ascendía a 8.600 euros.

Según reza en la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, esta empleada, natural de Isla Cristina, acudió a la UGT como afiliada de la misma debido a un despido colectivo realizado a toda la plantilla por la empresa, de manera que el sindicato le designó a un letrado para su representación ante los tribunales y como consecuencia realizó la pertinente demanda ante el Juzgado de lo Social número 3 de Huelva.

Así, la querella, que la lleva el bufete de abogados de Juan José Taillafert, argumenta que esta empleada se ha visto afectada por «la negligencia profesional» de un abogado del sindicato en Huelva ya que al detallar su situación laboral en la demanda especificó que «en aquellos momentos se encontraba en excedencia voluntaria cuando la realidad es que se encontraba plenamente en activo trabajando para su empresa y dada de alta como tal en la Seguridad Social».

«La empleada ha sido siempre ajena a este perjudicial error para sus intereses, puesto que durante todo el desarrollo del procedimiento le ha sido ocultado», prosigue la querella. Así, tras recibir la primera sentencia en primera instancia del Juzgado de lo Social de Huelva, ésta se dio cuenta que «el resto de compañeros de trabajo en su idéntica situación han obtenido sentencia a su favor».

Por ello, ésta advierte «por primera vez de la negligencia cometida por su abogado», con quien intenta contactar para que le dé explicaciones al respecto «sin éxito». A partir de ahí, esta trabajadora sufre «un largo peregrinar» pues desde el sindicato UGT la derivan a la Fundación de Huelva, donde la atiende un graduado social del sindicato, siendo informada que éste es el encargado «de gestionar la negligencia contra ella cometida».

LA MISMA NEGLIGENCIA, «DOS VECES»

En este punto, argumentan que «lo máximo» que consigue la afectada son algunas entrevistas personales que concluyen con la presentación del recurso de suplicación contra la sentencia en la que le fue denegada la indemnización, pero «sorprendentemente en dicho recurso, por parte del graduado social querellado se vuelve a cometer nuevamente la misma negligencia que el anterior letrado», ya que «no da a conocer nuevamente al tribunal su correcta situación laboral al momento del despido».

Así las cosas, esta persona le explica «siempre vía telefónica» a la afectada que «pondrá en conocimiento tal negligencia a la Compañía Aseguradora del Colegio de Abogados de Huelva» para que por parte de éste fuera «debidamente indemnizada con la cantidad que le corresponde por su despido, y que todos los compañeros de trabajo en su misma situación ya habían percibido».

Así pues, tras dictar sentencia la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que nuevamente se desestima su pretensión por «la reiterada falta de diligencia profesional», ésta volvió a contactar con este graduado social en el mes de noviembre de 2014 y recibió «nuevamente la promesa por parte de éste de que en breve se daría conocimiento de la negligencia para que pueda percibir su correspondiente indemnización, que le es cuantificada en la cantidad de 8.600 euros».

La afectada, que «confiaba en que la indemnización por la negligencia cometida contra ella estaba tramitándose según los cauces y tiempos adecuados» y tenía «su plena confianza en UGT» al ser una afiliada del mismo, tuvo conocimiento de que «todos los compañeros de trabajo a estas alturas ya han percibido el global de sus indemnizaciones correspondientes a través del Fogasa».

«VERDADERO CALVARIO»

En este punto, según se argumenta en la querella, «comienza el verdadero calvario» a partir del mes de abril de 2015 cuando acude en «innumerables» ocasiones a la sede de UGT en Huelva capital, «sin conseguir en absoluto que nadie le atienda adecuadamente para ofrecerle una solución al perjuicio que el propio sindicato UGT le ha provocado».

Posteriormente, la derivan a una administrativa de UGT, que igualmente es parte querellada, que consideran que tampoco ofrece soluciones y «actúa básicamente como parapeto de las responsabilidades del sindicato.

Después, desde el sindicato en Huelva le dicen que se dirija a Sevilla puesto que «es allí donde se encuentra la entidad aseguradora quien finalmente se encargará de la indemnización», pero de nuevo «no la atienden debidamente» y le dice la letrada del sindicato en Sevilla que «su asunto va por buen camino» y que «eso tardará más de un año».

Por todo ello, y ante la «imposibilidad» de encontrar una salida extracontractual y amistosa al asunto, desde este bufete consideran que con los hechos «queda claro y evidente el engaño y ocultación llevados a cabo por todas las personas» del sindicato.

Además, en el escrito de la querella explican que desde el sindicato «no se ha utilizado la vía del resarcimiento indirecto que ofrece el aseguramiento profesional», y en su lugar acusan a éstos de «engañar a una persona poco instruida» como la afectada «a fin de que el transcurso del tiempo, superior al año para exigir el cumplimiento de las responsabilidades extracontractuales, haga que no tengan que indemnizarla». Y todo ello de «manera patentemente dolosa», concluye la querella.

RESPUESTA DEL SINDICATO

Por su parte, desde UGT han explicado que la Fundación Sociolaboral, empresa que trabaja para el sindicato, es la encargada de tramitar ante su seguro la indemnización correspondiente para esta persona.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press el secretario de Relaciones Laborales de UGT Huelva, Antonio González, quien medió en todo el conflicto laboral de los empleados del Oasis, y que ha dejado clara su disposición a ayudar a esta empleada, incidiendo en que la mencionada Fundación es la que tiene que encargarse de gestionar ante su seguro esta situación, de manera que se está a la espera de la pertinente respuesta.

González ha reconocido que hubo un error de los abogados al ser tantos expedientes en este despido colectivo, pero ha dejado claro que «en ningún momento ha habido mala fe» y ha manifestado su ofrecimiento para ayudar «en todo lo posible para que pueda cobrar su indemnización por parte de la compañía de seguros de los abogados de esta Fundación».