El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha detenido a 32 personas y seis veterinarios en el marco de la operación Ears contra el maltrato animal. Una veintena larga de cazadores de Huelva han cortado orejas y rabos a cientos de perros con sus propias navajas, en pleno campo y alejados de un quirófano, según publica el diario El País en su edición digital.

Las consecuencias son heridas abiertas que tardan años en cicatrizar o nunca se cierran del todo, con el objetivo de ahorrarse 40 euros por cada perro que evita la clínica veterinaria. La ley tipifica estas operaciones estéticas como delito desde 2003 en Andalucía. Sin embargo, lo más sorprendente de estos casos que instruyen varios juzgados onubenses es que las mutilaciones contaron con la connivencia de seis veterinarios, detenidos por falsificar los permisos de estas operaciones ilegales.

La Operación Ears (orejas) del Seprona comenzó hace un año y permanece abierta. De hecho, la cifra de 32 detenidos aumentará previsiblemente hasta los 50 cazadores y dueños de perros de raza pitbull imputados (investigados según la nueva denominación) por maltrato animal en tres comarcas (la Sierra, el Condado y Huelva). Tras la intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente, esta semana un juez ha condenado a 10 meses de prisión al primero de los cazadores, según fuentes del caso. La gran mayoría de los imputados se han negado a declarar tras su detención. Sin embargo, en privado han alegado que estos cortes en orejas y rabos son una tradición “ancestral” que se ha realizado “toda la vida” para evitar que las zarzas dañen a los perros, por lo que ellos solo continuaban una tradición rural.

El Servicio de Sanidad Animal de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios han colaborado con el Seprona para determinar la connivencia de los seis profesionales imputados. Desde 2003 la Ley Andaluza de protección de los animales califica de infracción muy grave las mutilaciones “con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios”. Por ello muchos cazadores onubenses han viajado durante años a clínicas veterinarias en Extremadura para realizar estos cortes y así evitar la legislación andaluza.

Sin embargo, el año pasado algunos cazadores presentaron ante las inspecciones de los agentes certificados de veterinarios de dudosa procedencia, con un solo documento para varios perros. Y esto levantó las sospechas de los agentes, que comenzaron a indagar en diferentes núcleos zoológicos donde los cazadores conservan sus rehalas (agrupación de canes), formadas habitualmente por 24 perros.

Alfonso Aguado, presidente de la Asociación Española de Rehalas, dispara contra la investigación con amenazas veladas: “Es una actuación manifiestamente injusta de la Guardia Civil. Si se detiene por este motivo, entendemos que la que está situándose fuera de la ley es la autoridad. A partir de ahí, hablamos”.

Aguado admite que su asociación intenta -no siempre con éxito- que los cazadores realicen las intervenciones “con garantías sanitarias”, pero a continuación defiende a su colectivo: “Expresamos nuestra protesta porque nos han tratado a palos. Si lo que buscan es el bienestar de los perros, lo que tienen que hacer [los agentes] es hablar en vez de ir a detener a los rehaleros”. El presidente de los rehaleros rechaza que estas operaciones sean “intervenciones estéticas” y consideran que mutilar las orejas “beneficia a los perros”.

La Fiscalía de Huelva confirma que estos casos de maltrato animal presentan carácter “grave”: “Es crueldad sin anestesia, y por ahorrarse el veterinario. El dueño es consciente de que el animal sufre”, destacan fuentes del ministerio público. Dichas fuentes subrayan que algunos de los perros mutilados presentaban heridas muy recientes sin cicatrizar, incontinencia urinaria después de que les seccionaran el rabo con navajas, y temor a los humanos por el maltrato recibido.