El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva defenderá en la próxima sesión plenaria del Consistorio una iniciativa “con la que vamos a dar cumplimiento a una propuesta que estaba recogida en nuestro programa electoral y con la que también nos comprometimos al suscribir el decálogo que nos trasladó en la pasada campaña electoral en la ciudad de Huelva la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza”, explica la concejala de IU, Mónica Rossi. Esta moción consiste en hacer que “el Ayuntamiento incluya cláusulas sociales en los pliegos de contratación que realiza para adjudicar servicios y efectuar compras con empresas adjudicatarias que respeten, cumplan y garanticen los derechos laborales y sociales de sus plantillas”, precisa la concejala de IU.

“Estas cláusulas sociales que reivindicamos deben servir también para primar en la contratación municipal a empresas que garanticen la igualdad salarial y de derechos entre mujeres y hombres, así como la accesibilidad de personas con discapacidad”, expone Mónica Rossi. “Queremos que la contratación pública que realiza el Ayuntamiento con sus fondos vaya a parar a adjudicatarios que respeten en su actividad el medio ambiente y que promuevan la contratación de colectivos en proceso de inclusión social”, añade la propia Mónica Rossi.

La concejal de IU explica “que también esta medida debe servir para incentivar en la contratación municipal a entidades de economía social y solidarias, en las que se puede garantizar una mejor distribución de la riqueza y más derechos laborales en su trabajo”.

En este sentido, el también concejal de Izquierda, Juan Manuel Arazola, explica que “aunque los ayuntamientos no tienen competencias en materia de empleo, por las compras y las adjudicaciones de contratos que realiza el de Huelva, dispone de una evidente capacidad para incidir en las condiciones laborales de la ciudad”. “Por ello, queremos que se valore a la hora de contratar a aquellos posibles adjudicatarios que defiendan en su gestión diaria la igualdad de género, los derechos laborales, la protección del medio ambiente y la accesibilidad de personas con discapacidad”, sostiene  Arazola.

La puesta en marcha de esta iniciativa de Izquierda Unida es posible por una Directiva Europea que permite “que los criterios sociales que queremos incluir en los pliegos de contratación municipales se pueda valorar con un mínimo del 60% de la puntuación total, en los procesos de adjudicación de contratos y compras”, concluye Mónica Rossi.