CCOO ha anunciado este jueves, en rueda de prensa, la huelga convocada en la empresa SAMU, empresa que tiene adjudicado el servicio de atención al alumnado con necesidades especiales en centros públicos, desde el 2 hasta el 11 de marzo. El motivo de esta convocatoria es la no aplicación de la categoría profesional correspondiente a las monitoras educativas y que provoca que perciban casi 400 euros de menos mensuales.
En este sentido, Ana Hernández, responsable de enseñanza privada de CCOO Huelva, ha manifestado que “llevamos casi dos años solicitando a las diferentes empresas que han tenido adjudicado el servicio, antes CELEMIN y ahora SAMU, que cumplan con lo estipulado en el pliego de condiciones establecido por la Junta de Andalucía, pero la empresa hace caso omiso”. De esta forma, ha continuado Hernández, «la empresa se ahorra entre 300 y 400 euros por trabajadora, además de no abonar tampoco ni vacaciones, ni antigüedad”. El empleo generado por esta empresa es prioritariamente femenino y en el que el salario medio de una trabajadora no llega a los 600 euros mensuales (incluyendo pagas extras). La sindicalista ha recordado que “este lunes denunciábamos qué la trabajadora de Huelva es la peor pagada de España, pues las trabajadoras que atienden al alumnado con necesidades educativas especiales en los centros educativos públicos de la provincia, son parte de ese colectivo que no llega a cobrar ni el Salario Mínimo Interprofesional”.
Desde el sindicato se ha denunciado que “el numero de trabajadoras de empresas privadas en centros educativos asciende ya a 87, superando al personal de la Junta de Andalucita que asciende a 84 trabajadoras en la provincia, ambas trabajadoras prestan el mismo servicio, pudiendo darse el caso de que dos trabajadoras del mismo centro, una contratada por la Junta y la otra por una empresa privada, realizando la misma función tengan una diferencia de salario de 500 euros”. En este sentido, CCOO ha pedido la “reversión de a lo público de todas las actividades y empleo privatizadas y ha solicitado a la Junta que “apueste por la creación de empleo estable y de calidad”.
Para Hernández, “a pesar de que la PSOE se jacta de de ser un gobierno de izquierdas y de progreso, en la práctica poco se asemejan a esos principios. La Delegación de Educación está acometiendo una carrera incansable de privatizaciones del personal que trabaja en centros educativos, hasta el punto de que en Andalucía existen 17.516 trabajadoras y trabajadores que dependen de empresas privadas adjudicatarias, por 12.700 empleadas/os públicos. La mayor parte de ese empleo es precario, temporal y a jornada parcial”. A esto, hay que añadir que “la Junta aun sabiendo el incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de las empresas y el perjuicio que esto supone para los trabajadores y trabajadoras prefiere mirar para otro lado y hacer como si el problema no fuese con ellos”.
Por su parte, María José López, Presidenta del Comité de empresa, ha indicado que “todos los procesos de negociación iniciados con la empresa no han prosperado. Lo único que pedimos es que se nos aplique la categoría profesional que corresponde a las funciones que realizamos, pero la empresa no acepta esta reivindicación en base al incremento de costes”.
López, ha realizado un llamamiento a la Junta de Andalucía para que “se moje y deje de echar balones fuera”. Esta empresa, ha continuado, presta un servicio público a más de 72 centros que albergan a unos 250 alumnos con necesidades especiales, y para que intermedie y requiera a la empresa que cumpla lo recogido en el pliego de condiciones”.
Finalmente, el sindicato ha realizado un llamamiento tanto a la empresa como a la Junta de Andalucía para que busquen una solución a este problema que lleva más de 2 años “sí verdaderamente existe voluntad, el conflicto puede resolverse”.
